AFIP: destaparon la olla

Un funcionario de carrera de la AFIP reconoció ayer, en una declaración judicial, que el organismo protege a empresarios cercanos al poder político. Mencionó a Lázaro Báez y Cristóbal López. Mientras tanto, Ricardo Echegaray incrementa los aprietes al periodismo independiente

Cada día que pasa, se confirma lo que el diario Hoy viene denunciando desde hace meses:  las máximas autoridades del gobierno nacional utilizan la AFIP para proteger a sus amigos, socios y testaferros, y al mismo tiempo apretar y atacar a críticos, opositores y medios independientes. En ese contexto, cuando restan pocos meses para que finalice la gestión del kirchnerismo, desde el AFIP han decidido profundizar los aprietes impositivos y judiciales, intentando silenciar al diario Hoy. Es tal la desesperación que demuestran Ricardo Echegaray y sus cómplices que, con el objetivo de frenar nuestras investigaciones, hasta inventaron una escandalosa demanda penal por “extorsión y asociación ilícita” contra la directora, la señora Myriam Chávez de Balcedo, y contra empleados de la empresa que edita el diario Hoy. La demanda no resiste el menor análisis ya que los funcionarios denunciantes son, precisamente, los mismos que venimos denunciando en nuestras investigaciones y que están seriamente involucrados en actividades turbias como la conformación de empresas fantasmas, coimas, narcotráfico, contrabando, etc. 

Las maniobras de los funcionarios de la AFIP vulneran los más elementales principios constitucionales que impiden la censura previa, y que garantizan el derecho a informar y ser informados que tienen la ciudadanía.

En ese contexto, desde el interior del organismo recaudador ha comenzado a escucharse voces de funcionarios de carrera que han decidido romper el silencio respecto a un tema del que mucho se habló pero que jamás fue reconocido por las autoridades nacionales: la protección a empresarios amigos.

Ayer, la corrupción enquistada en el organismo recaudador fue confirmada por un funcionario de carrera quien, en sede judicial, que en la Argentina "hay empresas que tienen impunidad política". Y no dudó en mencionar a los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López como los principales beneficiarios de los favores impositivos ordenados desde la Casa Rosada e instrumentados por el inefable Ricardo Echegaray. La revelación la hizo Carlos María Bo, quien tuvo a su cargo las investigaciones más resonantes en la AFIP en los años 90. Puso como ejemplo que durante el menemismo la Curtiembre Yoma SA, perteneciente a la familia del entonces presidente Carlos Menem, no fue investigada y eso recién ocurrió con el cambio de Gobierno, cuando la Alianza se impuso en las elecciones.

Bo declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal 5 en el juicio en el que recientemente fueron condenados a cuatro años de prisión el ex titular de la Curtiembre Yoma SA, Guillermo Yoma, y el ex juez en lo Penal Económico Carlos Liporace por un reintegro millonario a la empresa de fondos que estaban embargados.
A comienzos de 2001, a Bo, entonces supervisor jefe del Equipo E de Investigaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales de AFIP, le asignaron la investigación de la empresa Yoma por presuntas irregularidades en el recupero de crédito fiscal que la compañía hacía sobre la exportación de cueros. Bo reunió un equipo de 60 personas -contó en el juicio-, y realizó un procedimiento en la sede de Yoma SA en la ciudad de Nonogasta, en La Rioja, de donde la AFIP se llevó cuantiosa documentación a través de la cual comprobó las irregularidades y presentó una denuncia penal.

El funcionario agregó: "Yoma era impune, tenía tres personas investigando en Nonogasta a una firma que exportaba por millones de dólares y el nuevo gobierno decidió hacer algo diferente. Algo diferente era yo. Esa es la verdad".

El abogado de Guillermo Yoma le preguntó a Bo si las 60 personas que participaron del operativo en la empresa Yoma fueron convocadas solo para ese fin o si la empresa ya venía siendo investigada por la AFIP.

"Yo juré decir la verdad y la verdad es lo que yo pienso. Lo que pienso es que en este país es muy complicado y que hay empresas que tienen impunidad política, como seguramente va a pasar en el próximo (Gobierno), como (Lázaro) Báez y (Cristóbal) López", dijo Bo en referencia a los empresarios más cercanos al Gobierno de Cristina Fernández y a una posible investigación sobre ellos.

No obstante, el funcionario no profundizó sobre sus dichos ya que no eran el motivo de su declaración. Ahora bien, estas declaraciones se producen en momentos en que se han conocido pruebas contundentes de la forma infame mediante la cual, desde la AFIP, se protegió a Lázaro Báez, sospechado de ser testaferro de la familia Kirchner.  Una clara muestra de ello es que la AFIP frenó una intimación a la empresa  Austral Construcciones, propiedad de Báez, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca (ver página 4).
 
El encargado de la operatoria de protección fue el entonces jefe de la División Investigaciones de la Regional del organismo recaudador, Norberto Filipini, quien detuvo un requerimiento de información que desde hace cuatro años está listo para ser enviado a la constructora de Báez. Esto se plasmó en el formulario 8600/l, que se encuentra en las fojas 21 y siguientes del expediente interno sobre la Constructora Patagónica Argentina, una de las firmas bahienses acusadas de emitir facturas truchas. La intimación ya había sido firmada por el investigador a cargo del caso, el contador Leandro Scafetto, y tenía incluso preparado el aviso de retorno y pegada la calcomanía para el Correo Argentino. Pero nunca salió de las oficinas de la AFIP. Por eso luego se cruzó el formulario con un par de líneas de birome, se escribió "anulado".

Una empresa politizada

El fiscal Diego Luciani le preguntó a Bo si Yoma SA sabía que la AFIP iba a realizar el procedimiento en la compañía y el funcionario respondió que "fue un operativo donde la empresa sabía que íbamos". "Había habido un cambio de Gobierno, Yoma era una empresa muy conocida, muy politizada, que había sido siempre controlada por una agencia en Nonogasta por cuatro personas. Se suponía que podía haber problemas administrativos en los recuperos de exportación", relató Bo en el juicio sobre la situación de la empresa tras la salida de Menem del Gobierno en 1999.
Como funcionario de AFIP, Bo intervino en otros casos de corrupción como el de IBM, Skanska y el BNP Paribas, hasta que en 2001 fue trasladado a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.

Narco vinculado con facturas truchas seguirá preso

Se trata de Juan Ignacio Suris, quien lideraba una asociación ilícita relacionada con el empresario K Lázaro Báez, un protegido por la AFIP, a cargo de Ricardo Echegaray. La Justicia Federal rechazó la excarcelación por temor a que se dé a la fuga

La Justicia federal de Bahía Blanca rechazó la excarcelación de Juan Ignacio Suris, acusado de liderar una banda de narcotraficantes que distribuían droga en esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires y la región, y por liderar una asociación ilícita, la que con facturas truchas colaboraría en maniobras de lavado de dinero en beneficio del empresario K, Lázaro Báez.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Juan Velázquez, Raúl Fernández Orozco y Beatriz Torterola firmaron la resolución y basaron su decisión en el peligro de fuga del imputado, en caso de que recuperara la libertad.

“En el caso concreto, la conducta precedente de Suris, su fuga al ser advertido de la presencia policial en el marco del operativo desplegado para su detención, su ocultamiento y permanencia en calidad de prófugo hasta el momento de su captura en la ciudad de Buenos Aires, la circunstancia de haber pretendido engañar a la autoridad dando un nombre falso resultan pautas valederas para sostener que se configuran presupuestos de riesgo procesal”, indicó el Tribunal.

Y agregó que “se presume que ante la concesión de una libertad anticipada, habrá de intentar eludir y hasta entorpecer el accionar de la Justicia, máxime si se tiene en cuenta la calidad de jefe de la organización delictiva que se le atribuye, la seriedad del delito imputado, su agravante y la severidad de la eventual pena en expectativa”.

Suris está preso en la Unidad 19 de Saavedra desde enero del año pasado cuando fue atrapado por la Policía Aeroportuaria cuando salía camuflado –con barba y gorra- de un departamento del barrio de Belgrano en la Capital Federal, propiedad de su novia Mónica Farro.

Según fuentes judiciales, se presume que el juicio contra Suris y su banda se podría llevar a cabo entre septiembre y octubre de este año.

La venta de facturas truchas

Suris también está preso por ser el jefe de una asociación ilícita fiscal que se dedicaba a vender facturación trucha. En dicha causa, además de Suris, también quedaron procesados -aunque sin prisión preventiva- el piloto de Turismo Nacional Juan Pipkin, Eduardo Suris (padre de Juan), el contador Domingo Goenaga, Nicolás Ibarra Gutiérrez y Flavio Rodrigo Carrano.

Desde su lugar de detención, Suris señaló: “Reconozco lo de las facturas. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Yo firmé las chequeras. Yo soy el dueño de las empresas, nadie más. Hice trabajos para empresas del sur. Muchas de ellas vinculadas al Gobierno”.

Este caso, se vincula con el negocio de las facturas truchas, varias de las cuales habrían llegado a empresas de Lázaro Báez, vinculación que está investigando el juez Sebastián Casanello.

Lazos con la causa Carbón Blanco

La relación de narcotraficantes con funcionarios de la AFIP ya no sorprende a nadie. Como se recordará, Guillermo Michel, actual director general de la Aduana, cargo que asumió en marzo de este año luego de haber sido titular de la Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, tiene pasado como hacedor de empresas fantasmas sospechadas de ser plataforma para lavar dinero, sirviéndose de los servicios de una abogada llamada Ana Cristina Palesa, la que también aparece en empresa ligadas a Carlos Salvatore, uno de los procesados en la causa Carbón Blanco por el envío de una tonelada de cocaína a Europa.

Además, Michel está sindicado de haber sido el ideólogo de los operativos de apriete contra Clarín y contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

La relación de Suris, Fariña y Báez

La ciudad de Bahía Blanca estuvo en el ojo de la tormenta desde el año pasado, cuando se imputó a Juan Ignacio Suris, un amigo de Leonardo Fariña, en dos causas: una por evasión y otra por narcotráfico.

Poco después se supo que Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, utilizó facturas falsas por decenas de millones de pesos, emitidas por empresas bahienses, una de ellas, Calvento S.A., que aparece en el listado de usinas de la AFIP.

Luego se pudo determinar que en Bahía Blanca hay 121 usinas, localizadas la mayoría en la cabecera del partido, y unas pocas en dos de sus localidades: General Cerri e Ingeniero White, donde opera el puerto.

En la tabla de usinas con domicilio en Bahía Blanca, (un total de 121 al 17 de marzo de este año) aparecen las que la justicia bahiense le asignó a Suris en el auto de procesamiento para él y cinco personas más, por el delito de asociación ilícita tributaria.

Fariña está preso por la compra irregular de un campo en Mendoza, el que habría adquirido con dinero provisto por Báez, en una maniobra de lavado de dinero.

Un periodista procesado por investigar el caso

El juez federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez procesó por "encubrimiento agravado" al periodista Germán Sasso, director del sitio La Brújula 24 de esa ciudad, por dar a publicidad escuchas del caso Suris y negarse a revelar la fuente que le proporcionó la información.

El magistrado dijo que "la recepción de tan trascendente elemento probatorio no pudo producirse ignorando su origen ilícito". También explica que el juez aclara que no está identificado el funcionario judicial que filtró el material a la prensa y que para el magistrado cometió el delito de "violación de secreto".

"El ataque a la libertad de prensa del Juez es brutal. De ahora en más cualquier periodista que cuente detalles de una causa federal estaría cometiendo delito", afirmó Sasso luego de conocer la noticia del procesamiento.

Las escuchas se difundieron en el marco del caso de Juan Suris, el novio de la vedette Mónica Farro, involucrado en un supuesto caso de narcotráfico.