AFIP: aprieta al diario Hoy y a Lorenzetti, pero protege a corruptos

Se descubrió que desde el organismo que preside Ricardo Echegaray frenaron una intimación al empresario Lázaro Báez. El formulario, que nunca salió, pedía que se informe sobre el uso millonario de facturas truchas en Bahía Blanca. Una disfunción que indigna

El kirchnerismo se ha caracterizado por tomar el control de los organismos del Estado para usarlos en su beneficio, en forma burda y corrupta. Así, la AFIP se ocupa de atacar al periodismo independiente y la libertad de expresión, como al diario Hoy, y  de “apretar” a funcionarios opositores o jueces, como por ejemplo al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y omite investigar y hasta protege a empresarios “amigos o socios del poder”.

Nuestro diario viene denunciando los manejos irregulares de la AFIP, y por eso recibió “aprietes” desde noviembre de 2013, cuando después de una serie de notas cuestionadoras a la conducción del organismo y la política impositiva del gobierno, se ordenó hacer una inspección y andanana de denuncias judiciales falsas contra la directora, la señora Myriam Renée Chávez de Balcedo.

Para confirmar la distorsión que sufre en su misión, ayer trascendió que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Ricardo Echegaray, frenó una intimación a Lázaro Báez por la empresa  Austral Construcciones, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca.

Es que el entonces jefe de la División Investigaciones de la Regional Bahía Blanca, Norberto Filipini, detuvo un requerimiento de información que desde hace cuatro años está listo para ser enviado a la constructora de Báez, un  empresario con múltiples vínculos comerciales con la familia Kirchner. El requerimiento de la AFIP se plasmó en el formulario 8600/l, que se encuentra en las fojas 21 y siguientes del expediente interno sobre la Constructora Patagónica Argentina, una de las firmas bahienses acusadas de emitir facturas truchas.

La intimación ya había sido firmada por el investigador a cargo del caso, el contador Leandro Scafetto, y tenía incluso preparado el aviso de retorno y pegada la calcomanía para el Correo Argentino. Pero nunca salió de las oficinas de la AFIP. Por eso luego se cruzó el formulario con un par de líneas de birome, se escribió "anulado".

El formulario pedía a Báez que en un plazo de 10 días le presentara todos los papeles de su vínculo con Constructora Patagónica Argentina SA, cuyos dueños admitieron que arrastran problemas impositivos, pero que atribuyen a facturas que ignoraban que eran falsas del segundo grupo de empresas bajo sospecha, propiedad del bahiense Silvio Ficcadenti. Hasta que llegó la orden de paralizar la intimación, los sabuesos de la AFIP en esa ciudad habían detectado que Austral había utilizado facturas truchas, durante años y por decenas de millones de pesos, emitidas por tres grupos de empresas locales. Esa facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante años a la AFIP, que optó por concentrar sus pesquisas sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre Austral.

Para poder desempeñar su accionar, Echegaray y sus funcionarios cuentan con protección de jueces y fiscales truchos, puestos a dedo por el kirchnerismo. Un claro ejemplo es Laureano Durán, un simple auxiliar escribiente de 33 años, de pobre trayectoria profesional y académica, colocado por La Cámpora como subrogante en el juzgado más importante de la Provincia, con competencia electoral (ver página 8).

Durán está cajoneando denuncias que afectan al poder político.  Así lo demuestra la forma en que está actuando ante la demanda que en su Juzgado presentó la directora del diario Hoy el 28 de octubre del año pasado por los aprietes de Echegaray. Pasaron casi 5 meses desde el momento en que Durán se hizo cargo de ese Juzgado,y aún no llamó a la directora a ratificar la demanda, un trámite de rutina que suele realizarse a los pocos días del momento en que algún particular decide hacer una demanda penal. 

Los vínculos comerciales con Cristina Kirchner

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray confirmó en octubre pasado que Grupo Penta, Calvento SA e Iberoamericana de Servicios, se encontraban bajo fiscalización y dijo que al menos una de las firmas, Calvento SA,  era "una usina de facturas falsas".

En aquella oportunidad, Echegaray buscó además separar a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner del empresario Lázaro Báez. Remarcó que no eran socios. Pero un día después, y ante nuevas revelaciones, admitió que tienen "vínculos comerciales".

Los nuevos documentos que trascendieron muestran, sin embargo, que esa protección -que en el caso de Gotti Hermanos, otra constructora vinculada a Báez, ya había provocado antes el desplazamiento de varios funcionarios en Comodoro Rivadavia y Buenos Aires- tomó formas concretas en Bahía Blanca desde al menos marzo de 2011.

Así consta en el requerimiento que nunca se envió a Austral, encabezado con el logo de la AFIP y la leyenda "2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad y de los Trabajadores".

En Buenos Aires, en tanto, Báez y Echegaray ya fueron imputados por el fiscal Guillermo Marijuan como supuestos integrantes de una "asociación ilícita fiscal".