La corrupción sin límites

Ahora denuncian a Echegaray por favorecer a una empresa de comunicaciones

Política

12/08/2016 - 12:14hs

La corrupción parece no haber tenido límites. Esta vez, la presentación la realizó la Oficina Anticorrupción y se sospecha que una resolución buscaba eximir de impuestos de importacion a Telecentro. 

A horas de renunciar a la Auditoría, Ricardo Echegaray recibió una denuncia penal de la Oficina Anticorrupción por una maniobra que muestra hasta qué punto era capaz de alterar las reglas para favorecer ciertos intereses empresarios en perjuicio del Estado. ¿Qué hizo el ex titular de la AFIP? Modificó por muy pocos días nada menos que la Nomenclatura Arancelaria Común del Mercosur con el presunto objetivo de permitir que le firma Telecentro SA pudiera importar decodificadores sin pagar los impuestos correspondientes.

Diariohoy.net accedió a la denuncia penal por supuesta administración fraudulenta presentada por Laura Alonso y su equipo anticorrupción contra Echegaray y varios de sus colaboradores en AFIP, Aduana y el Ministerio de Economía. Allí se cuenta una historia sucedida a mediados de 2010, cuando el poderoso jefe de la AFIP también comenzaba a negociar -a pedido del ex vicepresidente Amado Boudou- una ventajosa refinanciación de las deudas de la imprenta Ciccone.

De ésta forma, la Oficina Anticorrupción (OA) denunció ante la Justicia Penal al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por administración fraudulenta en beneficio de la empresa Telecentro S.A., a la que se le permitió en un breve período de tiempo ingresar al país decodificadores por US$ 846.663,44 sin pagar derechos de importación, pese a que las áreas técnicas de la Dirección General de Aduanas (DGA) se habían pronunciado en sentido contrario.

La denuncia señaló que habría sido irregular el procedimiento por el que las autoridades superiores de la AFIP dictaron la Resolución General N° 2900, del 24 de agosto de 2010, que modificó los aranceles de importación de la categoría de productos clasificados como “Aparatos receptores, decodificadores y descifradores de señales de televisión”, lo que habría ocasionado un beneficio económico a Telecentro S.A. y un perjuicio fiscal al Estado Nacional.

El 12 de mayo de ese año Telecentro S.A. había solicitado ante la DGA una reclasificación de la posición arancelaria para importar decodificadores sin pagar derechos de importación. Tres meses después de este pedido, que no fue aprobado, la AFIP dictó la RG N° 2900, que estuvo en vigencia tan sólo 21 días. Una vez que la empresa obtuvo el beneficio económico, el organismo que dirigía Echegaray aprobó la RG N° 2911, que dejó sin efecto la resolución anterior.

Asimismo, antes de la aprobación de la RG N° 2900 se produjo el extravío del expediente en el que las áreas técnicas de la DGA se habían expedido en forma contraria a la reclasificación de la posición arancelaria, lo que hace sospechar que ese extravío habría obedecido a la intención de suprimir la opinión técnica para sortear los controles administrativos internos y permitir que Telecentro S.A. obtenga por otra vía el beneficio que había solicitado.

A la vez, la denuncia subrayó que la RG N° 2900 fue aprobada de forma “express” en menos de una semana, del jueves 19 al miércoles 24 de agosto de 2010, habiendo transcurrido sólo cinco días hábiles desde el inicio del trámite.

 La OA detalló que entre el 31 de agosto de 2010 y el 15 de septiembre del mismo año, en el marco del corto período de vigencia de la resolución, ingresaron al país decodificadores por U$S 1.086.355,36, los cuales estuvieron exentos de tributar derechos de importación. De este monto, US$ 846.663,44 corresponde a importaciones de Telecentro S.A., la principal empresa beneficiada.

En este contexto, la investigación advirtió que la modificación de la normativa por parte de la AFIP le habría costado al Estado Nacional un perjuicio fiscal de US$ 347.904,47.

Además de Echegaray, fueron denunciados el ex subdirector técnico general de la Dirección General Técnico Legal de la DGA, Pedro Roveda; el ex Subdirector General de Planificación de la AFIP, Luis María Capellano; el ex Jefe de Asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner; las ex Directoras Generales de la DGA, María Silvina Tirabassi y María Siomara Ayeran; el ex Subdirector General de Asuntos Jurídicos de la AFIP, Pablo Aguilera; el ex Subdirector General de Técnico Legal Impositiva de la Dirección General Impositiva (DGI), Eduardo Carbone; y los titulares de Telecentro S.A.

 

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