Amplio repudio desde el sindicalismo y organismos de derechos humanos

El reclamo legítimo de la Policía de la provincia de Buenos Aires ya llevaba 48 horas cuando un grupo de efectivos extendió el reclamo desde los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires hacia la Residencia presidencial de Olivos.

Inmediatamente, esta decisión generó un repudio del arco político y distintas organizaciones sindicales y de ­derechos humanos.

La Comisión por la Memoria fue una de las primeras en expresar la preocupación por la “implicancia” de la protesta policial. La integrante de la mesa ejecutiva de dicho organismo, Sandra Raggio, manifestó su desacuerdo con el alcance de la manifestación que policías bonaerenses llevan adelante en La Ma­tanza y otros puntos del distrito. “En el marco normativo actual, la Policía tiene prohibida la sindicalización”, dijo Raggio en declaraciones a Radio Provincia, y resaltó que “lo que preocupa es la implicancia y el alcance de estas manifestaciones y de los acuartelamientos, ­porque es un cuerpo armado el que se manifiesta”.

“Todo el que presta un servicio tiene el derecho a percibir un salario justo, pero, en el caso de la Policía, la forma en que expresa el reclamo no deja de tener una marca profundamente destituyente, porque rom­pe los marcos legales que hoy tiene el sector”, agregó.

La Comisión por la Memoria luego se plegó al comunicado en el que expresaron su “enorme preocupación” distintos organismos de derechos humanos ante las protestas. Dijeron que los agentes de la Bonaerense se encuentran “virtualmente alzados contra las autoridades de la Constitución con el argumento de un reclamo laboral que sorprende que se manifieste con tanta crudeza y violencia”.

El comunicado fue firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, entre otros.

La declaración sostiene que la protesta se realiza “sin siquiera agotar los canales de diálogo con las autoridades involucradas, que asumieron hace diez meses la conducción de una provincia diezmada por las políticas neoliberales, a lo que debe sumarse el grave contexto de pandemia”.

La CGT y otros gremios también salieron a repudiar los actos de la Bonaerense y respaldar al gobernador Axel Kicillof al afirmar que “la legítima defensa de los derechos laborales de los policías de la provincia de Buenos Aires se transformó con el paso de las horas en una amenaza real al normal funcionamiento del Estado”.

“La visibilización del descontento policial quedó expuesta en las primeras horas del conflicto, todas las acciones posteriores constituyen un exceso que atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones. Reclamamos firmemente que la Policía de la provincia de Buenos Aires respete el orden jerárquico y se subordine a los mandos institucionales. La desigualdad social, la pandemia y la difícil situación económica no pueden justificar la insubordinación de la fuerza policial”, agregaron desde la CGT. Y finalizaron con que “el diálogo orgánico y jerárquico es el camino para devolver la tranquilidad a todos los ciudadanos de la Provincia”.

A ese comunicado se sumaron otros gremios, como Smata, Semun, Sipreba y Fatpren.

Dirigentes de la oposición también salieron a repudiar

“A favor de las legítimas reivindicaciones de la Policía bonaerense. En contra del reclamo frente a la quinta de Olivos. No es el lugar”, afirmó el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, quien fue el primero en repudiar el hecho. Luego fue el turno del jefe de bloque en Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri: “Un reclamo laboral de quienes deben trabajar por la seguridad de los argentinos es legítimo, pero es inaceptable que su canal de expresión sea una manifestación de los uniformados ante la quinta de Olivos. No se puede poner en jaque las instituciones democráticas de ese modo”.

“Los policías tienen todo el derecho de expresar su justo reclamo, que debe ser atendido por las autoridades. El límite tiene que estar en el respeto al Estado de derecho y a las autoridades elegidas democráticamente. La quinta de Olivos no es el ámbito para hacerlo”, destacó la dirigente de la Coalición Cívica Paula Olivetto.

Al mismo tiempo, la Unión Cívica Radical (UCR) de la ciudad de Buenos Aires repudió lo acontecido. “El reclamo salarial de la Policía de la provincia de Buenos Aires es razonable y debe ser ­atendido, pero siempre en el marco del respeto de la legalidad y la subordinación de las fuerzas de seguridad a las autoridades democráticamente elegidas”, dijo el representante porteño Emiliano Yacobitti.

Por último, el intendente de La Plata, Julio Garro, afirmó que “el diálogo siempre es el camino para encontrar soluciones. Más allá de lo justo que puede ser el reclamo, nada justifica estas formas. Re­chazo la presencia de policías en la Quinta de Olivos o frente a la residencia del gobernador”.