Avanza el proyecto para construir más cárceles en el Conurbano

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires le dio media sanción a un proyecto de ley que habilita al gobierno a expropiar inmuebles en varios distritos del Conurbano, para ser destinados a la construcción de dos cárceles y diez ­alcaidías.

La idea, que contó con el apoyo del Poder Ejecutivo y fue presentada por el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, pretende adquirir siete inmuebles, que serán declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, los cuales se encuentran ubicados en cinco distritos del Conurbano provincial, dos en cada uno de los distritos de Quilmes y Moreno y uno en los municipios de Merlo, La Matanza y Tigre.

La letra del proyecto detalla que el Estado provincial tendrá diez años para la construcción de ­unidades y alcaidías penitenciarias y departamentales, dispuestas en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria, y deberán hacerse “previa consulta y acuerdo con los municipios en que se ­desarrollen”.

En los fundamentos del proyecto se especificó que el Servicio Penitenciario Bonaerense “afronta la superpoblación más alta de su historia y cuyo registro se encuentra por encima del 100%”, y que “la cantidad de personas que tienen domicilio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se encuentran alojadas en unidades penitenciarias, alcaidías y comisarías de la Provincia representan el 69,2% del total de la población analizada, cuando el total de plazas con la que cuenta el sistema en esa zona es del 38,7%”.

Según la estadística brindada, en 2016 los encarcelados eran 35.000 personas, con una tasa de prisionalización de 240 por 100.000 habitantes, llegando a 308 a fines de 2019, totalizando una población carcelaria de 49.000 personas.

Asimismo, las cifras revelan que el Estado “se encuentra imposibilitado de cumplir con los umbrales mínimos que, en materia de tratamiento de personas detenidas, se comprometió a cumplir ante la co­munidad internacional” y, en la ac­tualidad, está asistiendo a “la sobrepoblación más alta de su historia”, cuyo registro se ubica por encima del 100% de su capacidad, de acuerdo al alojamiento ­disponible en las 58 unidades ­penitenciarias y 10 alcaidías ­departamentales.

Desde la cartera de Julio Alak detallaron que la construcción de penales próximos a “los vínculos familiares o afectivos resultan fundamentales para evitar la desintegración de los lazos familiares o sociales, y de ninguna manera el encarcelamiento puede cercenar ese derecho”.