Gollan: “Las decisiones de política sanitaria las toma el Poder Ejecutivo”
El ministro de Salud bonaerense se refirió al comunicado de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y de los ministros de las provincias y CABA.
“El capítulo que contiene las disposiciones sobre el bien obrar de los jueces es el mejor soporte, hasta aquí, para deconstruir el lawfare”, dijo Barcesat.
07/03/2021 - 00:00hs
El abogado Eduardo Barcesat, muy conocido en el ámbito judicial por su actividad como querellante en causas en el fuero federal y en la Justicia ordinaria, consideró que la reforma judicial que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández, y que ya tiene media sanción en el Congreso, incluye elementos que permitirán “deconstruir el lawfare” o guerra jurídica que, según denuncian el mandatario y la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández, además de otros referentes, llevan adelante sectores del poder político, judicial y mediático.
“El capítulo que contiene las disposiciones sobre el bien obrar de los jueces es el mejor soporte, hasta aquí, para deconstruir el lawfare”, dijo Barcesat.
Barcesat se refería así al decálogo de reglas de actuación para los magistrados que incluye el proyecto de reforma y que, entre otras cosas, les impone comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de presión indebida por parte de factores de poder.
La vicepresidenta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof denunciaron prácticas de lawfare durante sus exposiciones en la última audiencia por la causa del “dólar futuro”, en la que se acusa a la propia CFK por medidas de gobierno tomadas cuando era presidenta, tal como lo informó diario Hoy esta semana. “El lawfare sigue en su pleno apogeo”, dijo Cristina, y Kicillof argumentó que en la causa se denuncia “algo que no existe como delito”.
El proyecto oficial de reforma de la Justicia despertó críticas desde sectores del Poder Judicial. Para Barcesat, la resistencia de estos sectores revela que tienen motivaciones “políticas”, porque, según consideró, algunos jueces buscan “la continuidad del lawfare”.
La iniciativa oficial ya fue aprobada en el Senado y ahora debe ser debatida en la Cámara de Diputados.