Boudou-Echegaray: una historia de saqueo y traición

El exvicepresidente se niega a ir a juicio oral en la causa de la excalcográfica. Antes, quiere que el extitular de la AFIP, imputado en este escándalo, haga su declaración indagatoria

Si esto fuera literatura se diría que no los une el amor, sino el espanto. Y en cine, que se trata de una historia clásica de poder y traición, a la manera de El Padrino. El guión criollo debería agregar el saqueo perpetrado por dos de los máximos exponentes de la corrupción kirchnerista, que hoy luchan por salvarse el pellejo luego de haber administrado el país, codo a codo, en beneficio propio, esquilmando los bolsillos de los argentinos y hundiendo en la pobreza a más de 11 millones.

De allí se desprende que el exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, ayer se haya negado a ser enviado a juicio oral en la causa donde está procesado por las irregularidades en la venta de la ex Ciccone Calcográfica y, en cambio, quiera que antes sean citados a indagatoria exfuncionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como su extitular, Ricardo Echegaray.

A través de un escrito presentado por su abogado defensor, Enrique Durañona, ante el juez federal que lleva la causa, Ariel Lijo, Boudou se esperanzó en que los testimonios pendientes puedan apaciguar su complicada situación: “¿Qué ocurriría si de las declaraciones indagatorias, tanto de los funcionarios de la AFIP como otros, no surgen ahora elementos para sostener el tráfico de influencia o aquella supuesta influencia jerárquica ejercida por mi defendido?”, se preguntó el letrado.

En concreto, el multiprocesado exvicepresidente quiere que Echegaray declare antes de llegar al juicio, por considerar nula la decisión judicial de separar la causa para enviar a juicio una parte y continuar con las indagatorias por otro lado. De otro modo, su deseo es que, si la Justicia lo resuelve, el verdadero garante de la impunidad K lo acompañe en su camino a la cárcel.

En esta causa (una de las tantas que aquejan al exsegundo de Cristina Kirchner), Boudou está procesado por supuesto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de las maniobras para adquirir la imprenta 

Ciccone Calcográfica, cuando era ministro de Economía. En tanto, a Echegaray se le imputa haber dado curso a un plan extraordinario de pagos para que la empresa saldara sus deudas con el fisco y pudiera levantar la quiebra. 

A su vez, el diario Hoy reveló que el exgarante de la impunidad K “habría intentado quedarse con la máquina de hacer billetes, lo que fue motivo de disputas con Boudou, que le ganó de mano”, según denunció ante el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata el presidente de la Cámara Pesquera de esa ciudad balnearia, quien en 2010 participó de una reunión en la que asesores del exrecaudador orquestaron el plan.

La negativa de Boudou a ir a juicio sin que antes declare Echegaray fue presentada luego de que Lijo diera por cerrada la investigación en lo referido a quienes ya tienen procesamiento y de que tanto el fiscal federal Jorge di Lello como la querella de la Oficina Anticorrupción requirieran el envío a juicio oral. 

Ya sin fueros ni causa que abrazar, la estrategia parece abrir un encarnizado capítulo en el que los exfuncionarios, otrora hermanados en la corrupción, harán todo lo posible para dilatar un horizonte que sospechan pero no quieren, que está cada vez más cerca y que ya conocen empresarios como Lázaro Báez o exfuncionarios como José López y Ricardo Jaime: la cárcel.

Procesados e imputados

Además del exvicepresidente, van rumbo a juicio oral su amigo y socio, el empresario José María Núñez Carmona, el supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele, quien figuraba como titular del fondo de inversión The Old Fund, y el exfuncionario del Ministerio de Economía Guido Forcieri. También están procesados el exdueño de Ciccone, Nicolás Ciccone, el exjefe de asesores de Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner. Por su parte, podrían citar a indagatoria a Echegaray y la extitular de la Casa de Moneda, Katya Daura, así como a exempleados de la oficina tributaria y la sede monetaria.

La corrupción se recicla

Al extitular de la AFIP, la catarata de causas penales en su contra precipitó su salida de la Auditoría General de la Nación (AGN). Se lo acusó de haber otorgado beneficios fiscales a empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López, quien acumuló una deuda impositiva de $8.000 millones. También se le imputan causas de enriquecimiento ilícito y millonarias maniobras de contrabando junto con dos exfuncionarios aduaneros: Guillermo Michel y Daniel Santanna.

Ahora, tanto Michel (acusado de haber organizado desde la AFIP operativos contra medios, jueces y críticos a los K) como Santana buscan reciclarse. El primero como asesor del senador Miguel Pichetto en el bloque PJ de la Cámara alta, y el otro como asesor del también senador Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta. 

Lo que el Boudougate nos dejó: mafias, narcos y un juez tras las rejas

El caso Ciccone, además de poder y traición, sirvió para dejar al descubierto la connivencia política, judicial y policial con el narcotráfico durante el kirchnerismo. En agosto de 2014, en el informe titulado Echegaray: extorsiones en el norte argentino, este medio reveló que en la provincia de Salta existía una relación delincuencial entre narcotraficantes y contrabandistas con funcionarios judiciales y de la AFIP, especialmente en el distrito de Orán, limítrofe con Bolivia.

Allí se informó que el gobierno anterior había designado en el organismo recaudador salteño (una dependencia clave de control para narcotraficantes), a Rafael Resnick Brenner. Fue una especie de premio para quien había sido jefe de Gabinete de asesores de Ricardo Echegaray, hasta que quedó procesado en el Boudougate.

Desde la llegada de Resnick Brenner a la AFIP norteña, al fiel estilo de Echegaray, se desarrolló una maquinaria aceitada de aprietes a empresarios y productores rurales, por un lado, y a contrabandistas y narcotraficantes por el otro, con el solo fin de cobrar coimas, maniobras que habrían tenido la complicidad del entonces juez Raúl Reynoso.

La investigación de nuestro medio fue incorporada al expediente judicial llevado adelante por el Juzgado Federal nº 1 de Salta, en el marco de la causa iniciada contra Reynoso, detenido en mayo pasado acusado de beneficiar a “los mercaderes de la muerte”.

Un mes antes, el narcojuez había renunciado a sus funciones, mientras pesaban sobre él acusaciones por asociación ilícita y por facilitar las actividades del narcotráfico.