Cara y cruz de la expropiación de Vicentin

El grupo de instituciones internacionales que conforman el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales expresó su “firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales” para discutir la regularización de la deuda de Vicentin, y consideró que ello “contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía”.

El Gobierno nacional decidió ayer intervenir la empresa agroexportadora Vicentin y enviar al Congreso un proyecto de ley para la expropiación de la compañía, que incurrió en cesación de pagos en diciembre del año pasado y que hoy atraviesa un concurso de acreedores en la Justicia santafesina.

El objetivo del Comité, que se formó inmediatamente después del anuncio del colapso financiero de Vicentin en diciembre de 2019, es “negociar conjuntamente la recuperación de los más de US$ 500 millones en préstamos otorgados a Vicentin para promover el desarrollo del sector agroexportador argentino”.

“Esta cantidad representa alrededor del 40% de la deuda total de la empresa”, por lo que “como resultado, el principal acreedor de Vicentin es hoy el Comité”, remarcaron las instituciones financieras.

En total, la deuda de Vicentin asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola. El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $5 millones.

El Gobierno defendió la intervención de Vicentin

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, defendió hoy la decisión del Gobierno nacional de intervenir la firma agroexportadora Vicentin y consideró que su posterior expropiación permitirá asumir un rol de “empresa testigo con mirada estatal vinculada con el desarrollo”.

“En el caso de Vicentin, hablamos de una empresa en cesación de pagos desde diciembre. Estamos hablando de 3.000 productores perjudicados”, manifestó Kulfas y afirmó que “toda la plata que Vicentin tomó y no devolvió es la que podría haber tenido otra empresa y eso es plata que no se le pudo prestar a las pymes”.

Respecto al concepto de empresa testigo, el funcionario explicó que la misma contará con “una mirada estatal vinculada al desarrollo, que nos permita tener más estabilidad en el mercado de granos y en el cambiario”.

El Presidente Alberto Fernández indicó ayer en conferencia de prensa que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión le será encomendada a YPF Agro, una unidad de negocio de la petrolera YPF.

Duro cruce en Twitter entre Bugallo y Alfonsín

Otro de los que dio su opinión sobre el tema fue el designado embajador en España, Ricardo Alfonsín, quien publicó: “Celebro la idea del Presidente de darle al Estado la oportunidad de contar con una empresa testigo en el mercado de granos y de cambios. Es una decisión no solo económica, sino también políticamente estratégica”.

El que no se lo dejó pasar fue Luciano Bugallo, diputado provincial por Juntos por el Cambio, quien citó la publicación de Alfonsín, también en su cuenta de Twitter, y lo tildó de “nabo”: “Cuando este nabo va para allá, es porque hay que ir para el otro lado. No falla”, disparó.

Bugallo agregó en otro tweet: “No hay justificativos para la expropiación, más que motivos políticos e ideológicos, sobre todo. Motivos escondidos detrás de un absurdo slogan como ‘soberanía alimentaria’, justamente en un país donde el sector agroindustrial genera alimentos para 10 argentinas”.