Amenazas y escándalo

Catarata de denuncias contra Esteche

“Si a un juez se le ocurre meter presa a Cristina, puede aparecer muerto”, aseveró el líder de Quebracho, desatando gran cantidad de repudios. El Gobierno nacional, un fiscal y un abogado lo acusaron de “intimidación pública”. Además, el militante K cumple libertad condicional por otros delitos

Si a algún juez, por autonomía relativa, vocación individual de salir en algún medio, o por ser “más papista que el Papa”, se le ocurriera meter presa a Cristina Kirchner, yo creo que inmediatamente sería sacado del juego.

—¿Y cómo sería sacado del juego?

—Podrían destituirlo, apartarlo de la causa, plantearle la incompetencia, podría aparecer muerto… Podría pasar cualquier cosa. La relación de poder es siniestra.

Cuando en la mañana de ayer el polémico líder de Quebracho, Fernando Esteche, lanzó esa aseveración en el aire de Radio Cooperativa AM 770, fantasmas de la historia reciente de la Argentina volvieron de un modo siniestro: los de la persecución, el apriete y la amenaza, encarnados, sobre todo, en la muerte aún irresuelta del fiscal Alberto Nisman, fallecido cuatro días después de haber denunciado a la expresidenta, funcionarios de su gobierno y al propio Esteche, por presunto encubrimiento en el atentado a la AMIA. 

Atento a esta situación, el fiscal de La Plata, Marcelo Romero; el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad; y el abogado Santiago Dupuy de Leme denunciaron al también dirigente de Miles (el espacio que comparte con Luis D’Elía y el exvicepresidente, Amado Boudou) por “intimidación pública”. Además, el representante del ministerio público pidió que se le realicen pericias psiquiátricas.

Para el titular de la UFI nº6 platense, las declaraciones de Esteche, quien cumple libertad condicional por otros delitos (ver aparte), “superan con holgura la libertad de expresión, internándose en el plano de la ilegalidad, sobre todo por tratarse de un dirigente político, docente universitario, con seguidores y adherentes, y por haberse pronunciado públicamente”.

Según el fiscal, el dirigente K “utilizó y manipuló el lenguaje para enviar un mensaje cuasi mafioso, intolerable en un Estado de Derecho y repugnante a la convivencia democrática”.

Además, agregó que Esteche, “conocedor de la penetración de los medios masivos de comunicación y de la repercusión de sus palabras en los mismos, intentó infundir temor en los distintos magistrados que tienen a su cargo investigaciones respecto de la expresidenta, como así también de sus equipos de colaboradores, integrantes del Ministerio Público Fiscal, fuerzas auxiliares de la administración de justicia, circunstancias que se hacen extensivas también a los diversos núcleos familiares de todas estas personas”.

Condena sobre condena

Para Romero, las amenazas de Esteche hacia quien ose investigar a Cristina Kirchner, “tienen responsabilidad penal, además de que está en libertad condicional y tiene que comportarse diferente al resto”.

“Es una persona peligrosa para terceros que hizo una amenaza velada hacia los magistrados que investigan, para causar un pánico generalizado”, aseguró el titular de la UFI nº 6, quien consideró la actitud del acusado como “repugnante para la vida democrática”.

En el caso de la denuncia penal presentada por el Gobierno, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación dijeron que no tolerarán “actos que busquen generar en la sociedad un clima de pánico, miedo y violencia colectiva. Los repudiables dichos de Esteche, además, intentan infundir temor contra quienes son los encargados de impartir justicia”.

Así, desde la cartera que conduce Patricia Bullrich requirieron “la intervención correspondiente del Ministerio Público Fiscal y la declaración indagatoria” al mencionado militante kirchnerista.

En tanto, la presentación de Dupuy en Comodoro Py agregó un pedido para la detención inmediata del polémico dirigente y la causa quedó en manos del juez federal Ariel Torres, el mismo que cinco años atrás lo procesó por intimidación, delito por el que terminó siendo condenado.

Cabe destacar que el cargo que se le imputa ahora prevé entre dos y seis años de prisión, algo que complicaría todavía más su malograda situación judicial.

Las causas que complican al líder de Quebracho

Dirigente de una agrupación a la que el fiscal Marcelo Romero calificó como “violenta desde su nacimiento”, las balas de la Justicia siguen a Fernando Esteche desde hace años, por diferentes causas. 

Entre 2013 y 2015, estuvo detenido cumpliendo una condena por destrozos a un local partidario del exgobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, y por daños causados durante una movilización contra el FMI en 2004. Por estos hechos, el líder de Quebracho hoy cumple libertad condicional.

Además, fue acusado por el fallecido fiscal Alberto Nisman de negociar un pacto de impunidad con Irán por el atentado a la AMIA, junto a la expresidenta Cristina Kirchner y otros exfuncionarios.

En tanto que, a fines de junio pasado, el mismo Romero presentó una denuncia penal contra Esteche, acusándolo de “apología del crimen”, luego de que, en pleno lanzamiento del partido Miles, llamara “a provocar la crisis” para “ayudar a que este Gobierno (el de Mauricio Macri) se caiga”. En ese entonces, la arenga fue aplaudida por dos hombres con vasto prontuario: Luis D’Elía y el exvicepresidente, Amado Boudou.

Prontuario

- 2013

Fernando Esteche es condenado a tres años y ocho meses de prisión por el escrache al exgobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, en 2007.

- 2014

La Justicia agrava su condena por los destrozos ocurridos durante los escraches al FMI en 2004 y a la Embajada de Israel en 2006. Se unifican los cargos  en cuatro años y dos meses de encierro.

- 2015

El 13 de enero, pocos días antes de su muerte, el fiscal Alberto Nisman denunció a la expresidenta, Cristina Kirchner, a exfuncionarios y a dirigentes como Esteche y Luis D’Elía, de haber orquestado un pacto de encubrimiento con los acusados iraníes del atentado a la AMIA.

- 2016

El 3 de marzo, el exagente de la SIDE, “Jaime” Stiuso aseguró que Quebracho “pudo haber matado a Nisman”.

El 30 de junio, el fiscal Marcelo Romero lo acusó de “sedición” y “apología del crimen”, por haber incitado a provocar una “crisis” contra el Gobierno de Mauricio Macri

El 7 de noviembre, el Gobierno nacional y distintos sectores de la Justicia lo denunciaron por “intimidación pública”.