Clases presenciales: la Corte Suprema le pidió a la Procuración General de la Nación que se expida

Esta tarde, la Corte Suprema de Justicia decidió que la Procuración General de la Nación emita su opinión acerca de la demanda realizada por Horacio Rodríguez Larreta solicitando la inconstitucionalidad del DNU firmado por Alberto Fernández, que dispuso la suspensión de la presencialidad en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por un período de 15 días.

El jefe de Gobierno porteño, declaró que la suspensión de clases presenciales "no se encuentra justificada en datos empíricos, resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Naciona".

Además, Rodríguez Larreta agregó que "constituye una clara violación al principio de igualdad, porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021".

Sin embargo ayer a la medianoche, cuando vencía el plazo de 5 días, se realizó la presentación de los miembros de la Procuración del Tesoro de la Nación, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.

El Gobierno argumentó que "en la zona del AMBA se dan actualmente más del 50 por ciento de los nuevos casos de coronavirus, en el marco de la segunda ola que atraviesa el país".

También, se detalló que "el ritmo de contagio es superior al que se venía experimentando y mayor al que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico en el país".

Por último, se advirtío que la saturación del sistema de salud tiene como consecuencia primordial el aumento de las cifras de mortalidad en las últimas semanas.

Por eso mismo, la Corte Suprema decidió consultar el planteo de inconstitucionalidad a la Procuración. Allí se estima que luego del análisis de la presentación, la respuesta será inmediata y de esa forma, estaría en condiciones el máximo tribunal de emitir el fallo. 

Cabe destacar que el DNU rige hasta este viernes, por ende, el Gobierno nacional y el Gobierno porteño deberán resolver restricciones de manera conjunta.