El encuentro tuvo un formato mixto, con algunas partes presentes y otras por videoconferencia. Debaten el fallo de primera instancia que rechazó investigar las eventuales responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo nacional y de los jefes de la Armada en el hundimiento del submarino.
30/10/2020 - 00:00hs
Con críticas al desempeño de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, ayer comenzó la audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia contra el fallo de primera instancia que dispuso el procesamiento de seis altos mandos de la Armada y rechazó investigar las eventuales responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo nacional y de los jefes de esa fuerza en el hundimiento del submarino ARA San Juan.
La ronda de testimonios comenzó pasadas las 10, cuando el presidente de la Cámara, Javier Leal de Ibarra, dio por abierto el debate, que se realizó de manera mixta, es decir, con parte de los protagonistas en el centro cultural de Comodoro Rivadavia y los restantes, de manera remota, vía Zoom.
Se trata del expediente en el que se investigan las causas y eventuales responsabilidades penales derivadas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el día 15 de noviembre de 2017, que ocasionó la muerte de sus 44 tripulantes, todos integrantes de la Armada Argentina, y la pérdida de la nave.
En la sala se encontraban presentes Leal de Ibarra y su colega Aldo Suárez, en tanto que la camarista Hebe Corchuelo de Huberman lo hizo de manera remota.
El abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos e imputado, cuestionó con severidad el fallo dictado en febrero pasado por la jueza Yáñez, a quien acusó de “faltar a la verdad”, y negó que el naufragio del submarino pueda ser adjudicado al mal estado de la embarcación, pues si así hubiera sido, el conductor de la nave, el capitán Pedro Martín Fernández, jamás hubiera permitido salir a navegar.
Negó que la embarcación haya tenido “obras pendientes” que pusieron en riesgo la seguridad del ARA San Juan, porque, “según la jueza, no andaban el telescopio, los sonares, el sector de señales, el parque de torpedos, el sistema de propulsión, el recorrido de la válvula del casco, el sistema de cuadro de baterías, los respiradores acondicionados, y no se habían hecho las pruebas pendientes de presurización y de velocidad”.
“Si así hubiera sido, tendrían que estar imputados dos tercios de la Armada, el ministro de Defensa de entonces (Oscar Aguad) y por qué no el comandante (en jefe) de las Fuerzas Armadas”, planteó Vigliero, refiriéndose al expresidente Mauricio Macri.
Recordó que “fue el jefe del Estado Mayor de ese momento quien puso en operaciones al submarino, y se encargan de habilitarlo los sucesivos comandantes”.
En ese sentido, el letrado detalló que el ARA San Juan “estaba operativo y habilitado desde septiembre de 2015 a noviembre de 2017, período en el cual navegó 24 veces, recorrió más de 800 millas náuticas y 105 días”, por lo que, juzgó, “es falso afirmar, como dice la jueza de instrucción, que el submarino no estaba operativo”.
En la audiencia también se le concedió la palabra al comandante Villamide, quien detalló las horas previas a que la nave se reportó como desaparecida, e incluso hizo referencia al contacto que estableció con el comandante del ARA San Juan.
“A las 23.42, el comandante Fernández informó que estaban navegando en superficie. A la 1 de la mañana, yo me comuniqué con el comandante, donde me reporta que habían tenido un principio de incendio, a cinco nudos de velocidad, y habían puesto proa en un derrotero que los llevaba al medio del océano para no enfrentar el mar por las condiciones de temporal”, dijo Villamide, quien refirió que esa maniobra es la recomendada en los manuales navales. “Noté a un comandante preocupado pero decidido, y que no requirió auxilio”, agregó.
Tras la intervención de Villamide, retomó la palabra su abogado defensor, quien le pidió al tribunal que “revoque la resolución” de Yáñez y sobresea a su defendido “por las arbitrariedades del fallo de instrucción, y en todo caso dicte la falta de mérito”.
Terminado este tramo del debate, que podría extenderse hasta la semana próxima, se aclaró que luego tienen 15 días para llegar a una resolución y aportar los fundamentos, por lo que se estima que el fallo se daría a conocer a mediados de noviembre.