Tras la lectura de los argumentos de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la defensa tendrá 30 días para hacer las presentaciones.
12/03/2023 - 00:00hs
El Tribunal Oral Federal número 2 extendió a 30 días hábiles el período para la presentación de apelaciones por parte de la defensa de la vicepresidenta en el marco de la condena por la causa Vialidad.
A su vez, aseguraron que pedirán la recusación de los integrantes de la Cámara de Casación que deben revisar este fallo de primera instancia.
El tribunal aseguró que la extensión del plazo se debe a “la especial complejidad de los hechos aquí juzgados y la extensión de los fundamentos dictados”.
“Evaluando especialmente tales extremos, se considera razonable la concesión de un plazo excepcional, único e improrrogable de 30 días hábiles común a la totalidad de las partes a efectos de que intenten las vías recursivas que consideren pertinentes, a contar desde la publicación de los fundamentos”, dicta la resolución.
Es por eso que se espera que en los próximos días se presenten las respectivas apelaciones al fallo que emitieron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y que condena a la vicepresidenta a seis años de prisión por la figura de administración fraudulenta, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, calificó al fallo como “arbitrario” y aseguró que está basado en una supuesta “prueba indiciaria” y no en certezas.
“Es una sentencia arbitraria. Si no existe certeza, hay que absolver”, afirmó el defensor de Cristina Fernández.
Además, argumentó que los integrantes del Tribunal Oral Federal número 2 descartaron “el corazón de la acusación”, al no hacer lugar al planteo del fiscal federal Diego Luciani de calificar el hecho como una asociación ilícita.
“Para que se pueda probar una defraudación hay que probar un perjuicio. El problema que tuvieron en esta causa es que, cuando se hizo el informe número uno, que ordenó Javier Iguacel, se llegó a la conclusión de que todo lo que le habían pagado a Báez se correspondía con lo que el empresario había hecho”, sostuvo Beraldi.
Se estima que uno de los fundamentos que cuestionará la defensa es aquel que sostiene que la vicepresidenta dictó el decreto 54/2009, el cual modificó un fideicomiso del año 2001 e incorporó como beneficiaria a la Dirección Nacional de Vialidad, para favorecer a las empresas de Lázaro Báez.