Tras pasar al fuero federal porteño la denuncia del gobernador bonaerense Axel Kicillof por los chats del ministro Marcelo D’Alessandro, las miradas apuntan nuevamente a su funcionamiento y a los vínculos con el macrismo.
20/02/2023 - 00:00hs
El pasado martes se dio a conocer que el juez federal platense Alejo Ramos Padilla había enviado a los Tribunales de Comodoro Py la denuncia que realizó el gobernador bonaerense Axel Kicillof a Silvio Robles (vocero de Horacio Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por “delitos de tráfico de influencias” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de la difusión de supuestos chats que evidenciaban arreglos entre la Justicia y Cambiemos, espacio político que representa el funcionario porteño.
Espionaje ilegal selectivo
Ramos Padilla había establecido en su resolución que “no es posible dictar el archivo” de la denuncia hecha por el mandatario. Esta directiva salpica al juez federal Sebastián Ramos, quien, mientras reemplazaba a la titular del juzgado María Eugenia Capuchetti, dictaminó que las denuncias por los chats no pueden entrar en consideración. “No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, indicó.
Esto se dio luego de un dictamen emitido por el fiscal Carlos Stornelli, quien había pedido archivar el tema y dijo que él ya investigaba como un caso de espionaje ilegal la filtración del teléfono de D’Alessandro.
El magistrado platense negó que hayan sido “arrimados al expediente elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y
D’Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal en los términos establecidos por la Ley 25.520”. Por lo tanto, instó a María Eugenia Capuchetti (quien también tiene a cargo la investigación judicial por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) a continuar con la investigación correspondiente.
Para los jueces de Comodoro Py, la premisa del espionaje ilegal es selectiva: cuando hubo pruebas obtenidas mediante escuchas ilegales, fueron utilizadas en contra de dirigentes del kirchnerismo; hoy el espionaje ilegal es un argumento para archivar causas que involucran a funcionarios afines al PRO.
Así lo había evidenciado CFK: “En el año 2016 en Comodoro Py los camaristas de Casación, (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky, reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡2 veces! Lo fundamentaron en una escucha ilegal, metieron preso a (Carlos) Zannini y le prohibieron a (Héctor) Timerman tratarse de un cáncer en Estados Unidos”, expresó un 20 de enero la exmandataria.
Y comparó: “Ahora en 2023, el juez Ramos de Comodoro Py en 20 días rechazó la denuncia contra Silvio Robles, que arreglaba fallos de la Corte en chats con D’Alessandro, diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en una escucha ilegal”.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el historial, los ojos del oficialismo estarán puestos en los Tribunales Federales que se harán cargo de la denuncia que inició el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Kicillof y “Comodoro PRO”
“Algunos son inmediatamente sobreseídos, por falta de mérito y fuera de toda sospecha. Son las dos caras de la moneda: perseguir a unos e indultar a otros”, expresó el gobernador cuando se dio a conocer la proscripción de la vicepresidenta en el marco de la causa Vialidad.
Sin embargo, las críticas al funcionamiento del Poder Judicial por parte del actual gobernador no son recientes: se remontan a cuando se dictó su procesamiento y el de Cristina Fernández en la causa conocida como Dólar Futuro, por un fallo de la Cámara Federal.
“Van a tener que trasladar el Ministerio de Economía a Comodoro Py”, había expresado el entonces diputado nacional. Según Kicillof, el fallo descubría la “judicialización de la política económica” y dijo que todas las medidas quedaban a “gusto” de un juez.
Nuevamente, la contienda judicial para esclarecer los negociados de funcionarios de la oposición queda en manos de tribunales fuertemente cuestionados por los dirigentes del oficialismo. Es cuestión de tiempo saber cuál será la resolución respecto a la denuncia del gobernador.