Confirman el uso indebido de datos del “Gran Hermano” de Larreta

En el mes de abril, el juez Andrés Gallardo ordenó suspender el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP), implementado en la Ciudad de Buenos Aires en 2019, por violar derechos humanos, la ley de protección de datos personales, tratados internacionales, los derechos de intimidad, privacidad, reunión e igualdad y el principio de no discriminación (el Sistema es de baja efectividad y proporciona falsos positivos que pueden provocar la detención errónea de personas), entre otras tantas cuestiones.

Cabe señalar que se trata de una herramienta para identificar prófugos de la Justicia, pero el estudio mostró que el Ministerio de Seguridad porteño incluyó como tales por lo menos a 8.045 personas que no se encuentran registradas en la Conarc (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas).

Como dio a conocer diario Hoy, la demanda había sido impulsada por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA).

La causa continuó su cauce natural y el peritaje, ordenado por el juez y realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), confirmó que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires usa en forma ilegal el Sistema de Reconocimiento Facial, que se implementa a través de las cámaras que se encuentran en la vía pública.

Los detalles del peritaje eran cruciales para el avance de la investigación que llevaba adelante el magistrado Andrés Gallardo y explicarían por qué cinco días después de que fuera entregado al juzgado, el Tribunal Superior de Justicia porteño, con el voto de dos juezas y un juez aliados del oficialismo de la Ciudad, apartó al magistrado de la causa.

En diálogo con Hoy, Rodrigo Iglesias, abogado de ODIA y además técnico en Electrónica, adelantó: “Seguramente realizaremos el Recurso Extraordinario Federal ante la Corte”. Además remarcó: “Lo importante es que la medida cautelar sigue vigente. Tanto al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) como a ODIA nos preocupa en forma categórica que el ministro (Marcelo D'Alessandro) no pueda explicar por qué y para qué fueron solicitados los datos biométricos de más de siete millones de argentinos y argentinas, su trazabilidad y por qué hay usuarios administradores del sistema anónimos, como por ejemplo Admin o Temporal, que constan en el informe pericial”.

“El resultado cuenta con las certezas de tener más de 8.000 personas que no deberían estar dentro del Sistema de Identificación Biométrica de Prófugos; contar con 84 datos insertados por Interpol que datan de origen peruano; mantener a los falsos positivos aún vigentes (como Leandro Colombo Viña); no contar con la totalidad de la Base de Conarc dentro de la búsqueda de prófugos; y más de 350 datos borrados de forma manual por parte del gobierno de la Ciudad. Esto es un fallo político, no un fallo judicial”, apuntó.

El peritaje al “Gran Hermano”

El trabajo estuvo a cargo de la Oficina de Criminalística de la PSA y del perito Pablo Kaplan. Como veedores lo firman sin observaciones dos hombres de la Policía porteña (el inspector principal Leonardo Velasco y el oficial Julio López Aguirre), mientras que por ODIA participó el abogado Rodrigo Iglesias.

Del extenso informe pericial se desprende que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño y su Policía armaron una base de datos, a partir de un convenio que permite que migre información del Registro Nacional de las Personas (Renaper) a CABA. Ahí acopia datos biométricos de 7.087.359 personas en función de solicitudes a ese organismo. “Han creado un banco de datos biométricos con los datos migrados desde el Renaper hacia el GCBA”, afirma el peritaje. No se puede saber “qué tratamiento se les dio a los registros migrados” porque detectaron que el sistema es manipulable.

A la vez, deja en evidencia que fueron borrados 357 registros de datos biométricos en forma definitiva. No se sabe, ergo, para qué se usó esa información, que tampoco está claro si corresponde a prófugos. No se pudo determinar “qué usuarios realizaron esas maniobras”. Eso, dice la PSA, hace suponer “una carga controlada o manual de datos que son ingresados/modificados/eliminados de la tabla temporal”.

Por otro lado, constata que “existen personas que deberían no encontrarse dentro de la base de datos del SRFP, para que de forma posterior sean localizados por el motor del Sistema de Reconocimiento Facial, debiéndose eliminar (baja) para que no sean detectados por el sistema, dando lugar a detenciones por falsos positivos, tal es el caso de Leandro Colombo Viña, que al día presente su rostro continúa integrando los registros”.

Entre otros datos que no se sabe por qué están en el registro de prófugos figuran 84 casos ingresados con el nombre “Interpol”, de los cuales 46 tendrían algún requerimiento de ese organismo y 38 indican “posible causa judicial en curso” pero las fotos tienen una marca de agua de un organismo peruano. Ninguno está en la base de Conarc. Los DNI no serían argentinos.

Y por si todo esto fuera poco, las alertas del SRFP a la Policía son remitidas por el sistema de mensajería Telegram: “No existe un canal seguro para datos personales sensibles”.