Kicillof vuelve a reunir a intendentes para reforzar el lema de “resistencia”
El gobernador bonaerense analizará el impacto de las medidas económicas con los jefes comunales de la Costa en una semana marcada por el debate de la ley ómnibus.
El 24 de enero pasado, la jueza laboral de feria, Liliana Rodríguez Fernández, consideró que los cambios propuestos por el Gobierno nacional en el decreto “no habían cumplido los recaudos constitucionales”.
30/01/2024 - 00:00hs
La Cámara Nacional del Trabajo confirmó este lunes la medida cautelar que, a pedido de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), suspendió la aplicabilidad de lo dispuesto sobre materia laboral en el Título IV del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica 70/2023.
En la acción de amparo promovida por APA, la “Sala de Feria” de la Cámara rechazó la apelación del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) contra la medida preventiva y reiteró el criterio empleado en otras causas, en las que también rechazó el planteo de incompetencia del fuero y la decisión de habilitar el receso judicial de enero para tramitar la causa.
En su recurso, el Poder Ejecutivo expuso que la asociación busca impugnar un DNU “dictado conforme los lineamientos y prescripciones del artículo 99, incisos 1, 2 y 3 de la Constitución Nacional, a los efectos de intentar corregir los profundos desequilibrios imperantes que hacen a la urgencia y necesidad de la medida”.
Al “desestimar” la apelación, los camaristas Mario Fera y Héctor Guisado, en un texto firmado el 26 de enero pasado, pero conocido recién ayer, recordaron que a principios de la “feria judicial” de enero se tomaron resoluciones similares en causas promovidas contra el PEN por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).
Las medidas cautelares presentadas por las centrales sindicales y diferentes gremios en contra de las leyes laborales que modifica el DNU presidencial habían sido apeladas por el Gobierno nacional, pero hasta el momento las instancias superiores de la Justicia “desestimaron” las argumentaciones del Ejecutivo nacional al respecto.
El 24 de enero pasado, la jueza laboral de feria, Liliana Rodríguez Fernández, consideró que los cambios propuestos por el Gobierno nacional en el decreto “no habían cumplido los recaudos constitucionales”.