Mientras organismos involucrados en el tema apoyan la iniciativa del gobierno provincial, la Defensoría del Pueblo mantiene la cautela y pide informes ambientales. La administración nacional podría apelar la suspensión impuesta por la Justicia marplatense.
13/02/2022 - 00:00hs
El 2022 amaneció con la noticia de la autorización para la explotación petrolera en la costa bonaerense del mar argentino y, con ella, nació el debate que hoy ocupa las páginas de los diarios: ¿podrá la explotación petrolífera ir de la mano con el cuidado del ambiente?
No son pocos los que apoyan la iniciativa que hoy desvela al gobernador Axel Kicillof, pero también están aquellos que se oponen, pronosticando un daño irreparable para el ecosistema marino de la costa marplatense.
En ese marco, desde el Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia (Cpcnpba), manifestaron preocupación por la falta de rigor técnico en la información que circula en los medios de comunicación sobre la exploración y explotación de petróleo en el mar argentino, además de emitir un informe que da cuenta de las características de seguridad que se utilizan en las plataformas como las que podrían instalarse en el país.
Elaborado por el licenciado en Geología, Federico Torre, con una vasta experiencia en el control de pozos en plataformas offshore especialmente en Brasil y Guyana, el documento asegura que “la rigurosidad del control ambiental y la seguridad con que se trabaja habitualmente en el mundo offshore hacen de la exploración y explotación petrolera una de las actividades más seguras del mundo”.
Normas de seguridad offshore
Respecto de la fauna marina, el informe de Torre afirma que se utilizan mecanismos para ahuyentar a los animales, destacándose la participación de personal especializado en el avistaje, monitoreo y control. Los encargados de estas tareas siempre son designados por el organismo nacional competente, contando con autoridad sobre la empresa operadora de la plataforma para suspender las operaciones si se detecta alguna irregularidad que afecte a la fauna circundante.
Por otro lado, el informe brinda detalles sobre algunos elementos que no suelen ser tenidos en cuenta a la hora de informar sobre la actividad petrolera en el mar, como el traslado de personal, que se realiza generalmente en helicópteros y requiere de un entrenamiento preventivo de los trabajadores de las plataformas, que también deben utilizar elementos de protección de forma obligatoria para realizar su actividad.
“Para cada trabajo que deba ser realizado en plataforma, por mínimo que sea, se requiere de una JSA (Job Safety Analysis – análisis de seguridad del trabajo a realizar), que a su vez necesita de un WP (work permit – permiso de trabajo) otorgado por la empresa contratista”, remarca el documento, y agrega que también se desarrollan de forma regular reuniones de seguridad y simulacros de emergencia sin previo aviso, que son debidamente registrados y documentados.
También “es obligatoria la segregación y separación diferencial de los residuos generados en la plataforma. Existen convenios con empresas locales, que son las encargadas de la disposición final de esos residuos. El transporte de los residuos sigue las normativas internacionales vigentes”.
Como conclusión, el informe, que también lleva la firma de la secretaria del Cpcnpba, Lorena Haurigot, advierte que la búsqueda de energías alternativas requiere también de recursos naturales para la generación de dispositivos que puedan captar esas energías renovables, por lo que la búsqueda de combustibles fósiles es necesaria en el marco del desarrollo tecnológico que permita el desarrollo económico minimizando la afectación ambiental.
La Defensoría tiene dudas
El titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, elevó un pedido de informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, al tiempo que rechazó toda actividad de exploración y explotación de plataformas petroleras frente a las costas de la Provincia si no se cumple con todos los principios y estándares en materia de protección del medioambiente, como también si no se aprueban de manera participativa todos los informes de evaluación de impacto ambiental.
“Debemos conocer en detalle cuál será el impacto sanitario, ambiental, económico y social de esta actividad, y asegurar la participación ciudadana mediante audiencias públicas en todas las decisiones que las puedan afectar. No puede haber crecimiento a expensas del medioambiente, y no se puede gestionar ignorando los reclamos legítimos de la gente”, expresó Lorenzino.
El Gobierno nacional apelará
El secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que el Gobierno es “respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada”. Aseguró que “la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, ni perjudica la fauna marina. Genera recursos para el país, además de trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad”. El funcionario adelantó además que “se apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y de la Procuración están analizando el fallo y preparando la presentación judicial correspondiente”.