Créditos UVA: diputados postergan el debate para consensuar una ley de “rescate”

Durante el día de hoy iba a llevarse a cabo una sesión especial en la Cámara de Diputados con el fin de debatir un proyecto en común que beneficie a las más de 100.000 familias que adquirieron los créditos hipotecarios UVA durante 2017 y 2019, además del plenario de las comisiones de Finanzas, Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, a través de una solicitada, los legisladores pidieron su cancelación y el debate se sigue postergando.

“Desistimos del pedido de convocar a una sesión especial para el miércoles 22 de marzo”, indica el documento dirigido a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, firmado por Julio Cobos, uno de los principales solicitantes, y las y los diputados de los diferentes bloques que presentaron proyectos sobre el tema.

Y continúa: “Motiva la presente la convocatoria de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, con el fin de debatir los distintos proyectos relacionados con los créditos UVA. La misma se realizará prácticamente en simultáneo con la sesión especial solicitada para idéntico tratamiento, con el propósito de lograr el mayor consenso posible dentro de la Cámara para dar una pronta respuesta a los tomadores de crédito”.

Por su parte, el jefe del oficialismo, Germán Martínez, garantizó la continuidad de un debate en comisiones, que hasta ahora es similar al de la Ley de Alquileres, sobran propuestas pero no es fácil garantizar un texto que mejore la situación de los deudores y sí es seguro que los bancos reaccionarán con menos créditos.

El debate tiene en vilo a 120.000 familias de todo el país que accedieron a los créditos UVA entre 2017 y 2018, se organizaron en cada provincia y presionan a sus legisladores. Sus deudas acumulan un incremento del 675%, porque los valores se actualizan diariamente en función del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), basado en la evolución de los precios medida por el Indec.

Los deudores accedieron a estos créditos a partir de una fuerte y engañosa promoción del gobierno de Mauricio Macri, y si bien la morosidad es baja, relatan que los esfuerzos para pagar no tienen límites. Además, se resisten a estirar el plazo de su hipoteca por el resto de sus vidas, que es la opción propuesta por los bancos para bajar el valor de las cuotas.

El sistema UVA nació con diferencias en Juntos por el Cambio (JxC), por entonces Cambiemos, que se mantienen y complican un acuerdo. Hay proyectos del interbloque opositor para modificar el sistema, pese a que los exfuncionarios que lo implementaron aún lo defienden y cuentan con aliados en el Congreso como Martín Tetaz, de Evolución Radical.

En el Frente de Todos hay consenso en buscar una salida, pero por presión del ministro de Economía, Sergio Massa, los proyectos dejan claro que de ninguna manera el salvataje puede incluir un aporte de fondos del Tesoro Nacional.

A su vez, en el oficialismo entienden que esas 120.000 familias firmaron un contrato con los bancos y por lo tanto un subsidio estatal para garantizarles su propiedad, además de un gasto público, sería injusto con quienes no confiaron en el UVA de Macri y siguen alquilando.

De esta manera, el oficialismo pretende actualizar las cuotas de los créditos con la variación de los salarios que mide el Ministerio de Trabajo. En JxC hay proyectos que eligen el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que mide el Indec.

Para el funcionario radical Julio Cobos, los deudores fueron engañados, y en tal caso hay una responsabilidad compartida con las entidades financieras y el Estado por el cambio de variables que disparó el valor de las cuotas. El mendocino nunca avaló el sistema UVA, tan es así que en 2016, antes de su implementación, logró que el Congreso sancionara una ley para implementar el de Unidad de Valor Inmobiliario, el UVI, que se actualiza por la evolución del metro cuadrado de construcción.

Pero el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger lo ignoró y a través de una resolución implementó el UVA, que dejó a 120.000 familias con ingresos menguados de por vida.

El proyecto de Cobos consiste en cambiar la modalidad de actualización por UVI, con una tasa máxima del 5% (por encima de la variación que establezca el índice). Permite extender las cuotas si el valor supera un 10% la variación de los salarios e impide que sean mayores al 30% de los ingresos del deudor. Para compensar el descalce, Cobos propone un fondo de estabilización con capitales de las hipotecas y aportes del Gobierno.

Graciela Ocaña y Dina Rezinovsky tienen otro proyecto para cambiar UVA por CVS y que la diferencia la pague el Gobierno. Gustavo Hein, del PRO, también pide considerar salarios para indexar y que las cuotas no excedan el 30% de los ingresos del deudor.

Sin embargo, hay un dilema sobre si el valor de las cuotas se retrotrae al inicio del crédito para aplicar otro índice o si no es posible. Tal vez sea la única forma de ayudar a los deudores, pero también sería declararles la guerra a los bancos.

Por esa razón, Carlos Heller y Alicia Aparicio, los oficialistas que coordinarán el plenario de hoy, modificaron su proyecto del año pasado, que pedía indexar por CVS, al igual que otros presentados por sus compañeros José Luis Gioja, Liliana Paponet y Marisa Uceda. En su nueva versión, proponen actualizar según la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (Ripte), que mide la evolución de los salarios en función del total del personal activo.

“Si tomamos desde marzo de 2016 a marzo de 2022, las UVA aumentaron un 675%, mientras que el Coeficiente de Variación Salarial de los registrados se incrementó un 608%”, explican los fundamentos del proyecto.

Esta propuesta permite una extensión del ­crédito, tiene un tope del 25% y crea un fideicomiso para compensar los descalces a financiar con el aporte mensual del 0,01% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y en moneda extranjera.

Heller y Aparicio aclaran que el Tesoro no aportará dinero, un mensaje al FMI, que mira las cuentas de cerca. La mayoría de las iniciativas suspenden las ejecuciones hipotecarias: las de Heller y Ritondo las impiden por un año.

La izquierda también aportó su proyecto: anular el sistema UVA e indexar las cuotas por un 50% del CVS y nunca por encima del 25% del ingreso familiar. No será fácil llegar a un acuerdo. Tal vez sea imposible.