Cristina, cercada por la corrupción en la obra pública

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron la indagatoria de la expresidenta por beneficios dados a Lázaro Báez. Piden citar también a De Vido, López y Abel Fatala

Acorralada por el accionar de la Justicia, la expresidenta Cristina Kirchner sufrió ayer un nuevo revés en Tribunales, luego de que los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieran que sea llamada a declarar por haber articulado e ideado una organización para beneficiar a Lázaro Báez con la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015.

El principal requerimiento de los funcionarios judiciales radica en la inmensa cantidad de obras otorgadas a Austral Construcciones y a otras empresas de Báez en la provincia de Santa Cruz. Se estima que fue favorecido con el otorgamiento del 95% de la obra pública, ejerciéndose de esa manera un accionar casi monopólico por parte de quien se sospecha que actuó a lo largo del tiempo como testaferro de la familia Kirchner.

Pero la exjefa de Estado no habría estado sola en este accionar ilegal, sino que habrían sido partícipes también el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, el ahora detenido exsecretario de Obras Públicas, José López y su número dos, Abel Fatala, sobre quien ya pesan graves irregularidades en la causa Sueños Compartidos.

En el escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini, los fiscales sostienen que todos los exfuncionarios K bajo la supervisión de la exmandataria “se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción".

Manejos anómalos

Los miembros del ministerio público analizaron para su denuncia 49 obras viales que desde el Estado nacional, en connivencia con funcionarios santacruceños, le habrían dado en forma irregular a Báez y su emporio empresarial haciéndose dueños así de cuantiosos fondos salidos de las arcas estatales.

En otra de las partes de su acusación, 

Pollicita y Mahiques destacaron que “el amigo y socio comercial de la exfamilia presidencial era el más beneficiado en los procesos de licitación, adjudicación y control de obra pública vial que eran asignados a las empresas de su grupo económico, entre ellas, Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Sucesión de Adelmo Biancalani”.

De la denuncia se desprende que los montos investigados ascenderían a poco más de 16.000 millones de pesos, y que la mayoría de las obras bajaron directamente y por orden del poder político de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz.

Para los fiscales, el accionar comenzó poco antes de asumir Néstor Kirchner la presidencia el 25 de mayo de 2003, ya que fue justamente luego de esa fecha cuando Báez empezó a tener un desarrollo empresarial que no se le conocía en la provincia, cuando cumplía labores en el banco de Santa Cruz como cajero, y que gracias a su amistad con el exmandatario llegó a convertirse en uno de los empresarios más acaudalados del país.

Además, se pide la citación de otras 30 personas para que vayan a declarar por esta situación. Entre ellos Martín Báez implicado en la denominada ruta del dinero K, y Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido expresidente, quien se desempeñara como subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación durante el gobierno kirchnerista.

Direccionamiento y crecimiento irregular

Uno de los hechos que más llama la atención de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, es el brutal crecimiento patrimonial y empresarial que sufrió Lázaro Báez desde la llegada a la Casa Rosada por parte de Néstor y Cristina Kirchner.

Entre 2003 y 2015, la riqueza personal del ahora detenido empresario patagónico creció en la descomunal cifra de 12.127%, y todo ello se debió al direccionamiento discrecional de la obra pública bajado tanto desde Nación como desde el gobierno santacruceño que manejaba a control remoto desde Buenos Aires la expareja presidencial.

A todo ello se le suman las sospechas de cohecho que circulan por sobre todas las acciones ejecutadas tanto por parte de Báez como de los Kirchner, como por ejemplo lo que se ha conocido con el caso 

Hotesur, donde el dueño de Austral Construcciones aportó entre 2008 y 2013, mediante la explotación y el alquiler del hotel Alto Calafate, una cifra cercana a los 4 millones de dólares y 12 millones de pesos a las arcas de los Kirchner.

Para los fiscales el caso de la obra pública vial está conectado con la causa iniciada en 2008 por una denuncia de la diputada nacional, Elisa Carrió, por la existencia de una asociación ilícita manejada por los Kirchner para favorecer a empresarios amigos con contratos del Estado, y por eso pide relacionar las mismas para llevar adelante una investigación conjunta por el accionar efectuado por la exfamilia presidencial y Báez.

Denuncian millonario fraude K al Estado

En medio de la polémica desatada por la crisis energética que atraviesa el país, la Oficina Anticorrupción (OA) denunció ayer al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por haber otorgado en forma anómala más de 130 millones de dólares a un grupo de empresas petroleras dentro del marco del programa Refinación Plus.

El organismo que conduce Laura Alonso asegura que desde el área que conducía el actual diputado nacional por el Frente para la Victoria se benefició por esa millonaria suma a las empresas Petrolera Argentina SA (PASA) y Refinería Neuquina SA (Renesa), ambas del grupo Más Energía, cuyo presidente es Miguel Schvartzbaum, un empresario muy cercano al exministro.

Además de De Vido, la OA responsabilizó por la maniobra al exsecretario de Energía Daniel Cameron, al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta y a otros funcionarios de esa cartera.