Hoy termina la feria judicial y se reactiva la actividad en los tribunales de Comodoro Py, lo que produciría novedades en torno a la causa que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, y en la que entiende el juez Julián Ercolini, sobre “direccionamiento de la obra pública”, que involucra directamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner
01/02/2018 - 01:08hs
Hoy termina la feria judicial y se reactiva la actividad en los tribunales de Comodoro Py, lo que produciría novedades en torno a la causa que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, y en la que entiende el juez Julián Ercolini, sobre “direccionamiento de la obra pública”, que involucra directamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según trascendió, sería inminente la elevación a juicio oral y público en esta causa que ya provocó, a fines del año pasado, no solo el procesamiento de la exmandataria, sino también la detención del exministro de Planificación, Julio De Vido, del empresario Lázaro Báez, y del primo de Néstor, Carlos Santiago Kirchner.
Hace 15 días, la defensa de CFK pidió ante la Justicia que pase a juicio oral y público la causa por corrupción en la obra pública en Santa Cruz, con el objetivo de lograr “el esclarecimiento definitivo de los hechos”. En el caso se investiga el supuesto direccionamiento de 52 contratos en favor del detenido empresario Lázaro Báez, favorecido con $46.000 millones en contratos durante el kirchnerismo.
La expresidenta está procesada por la “conformación de una asociación, que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”. Según se establece en la causa, Báez recibía obra pública a través de sus empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla SA y de la “Sucesión Adelmo Biancalani”.
Ayer, Vialidad Nacional amplió la denuncia que realizó en esta misma causa, demandando por daños y perjuicios a la exmandataria y sus funcionarios, por un monto de $22.500 millones. Lo que llama la atención es que en esta causa no esté procesado el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien sin duda debió estar al tanto de todas las irregularidades en los procesos licitatorios.