Cuenta regresiva por la reapertura de la paritaria estatal

El miércoles de esta semana vence el plazo fijado por el juez Arias. Si la Provincia no convoca a los gremios, la gobernadora y sus funcionarios incurrirían en una serie de delitos penales

El miércoles de esta semana vence el plazo establecido el pasado viernes por el juez Luis Federico Arias para que el gobierno de María Eugenia Vidal reabra la paritaria estatal en la Provincia y convoque a todos los gremios encuadrados en la Ley 10430. Caso contrario, tanto la mandataria como sus principales colaboradores incurrirían en los delitos penales de desobediencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y eventualmente administración fraudulenta ya que, en el expediente que tramitó en el Juzgado de Arias, habría quedado acreditado que se hizo cerrar la paritaria mediante una simple resolución del Ministro de Trabajo, Alejandro Villegas, sin el correspondiente decreto que debería haber firmado Vidal, incumpliendo así lo que establece la normativa vigente.

Eso no es todo: el propio magistrado advirtió que el Poder Ejecutivo presentó, en el juzgado, dos actas diferentes sobre el acuerdo paritario, sin poder establecerse a ciencia cierta cuál de los documentos era el que tenía validez. Asimismo, también quedó acreditado que el gobierno sólo convocó a ocho sindicatos para participar en la mesa paritaria, cuando en la Provincia hay 39 organizaciones gremiales –vinculada a la Ley 10.430- con personería.

Ahora bien, si bien el fallo de Arias es apelable como cualquier otra resolución judicial, la medida es de cumplimiento efectivo y a su vez se encuentra vigente la primera precautelar dictada por este magistrado, que fue ratificada el pasado 23 de abril por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que también ordena al Poder Ejecutivo bonaerense a no cerrar la paritaria.

“Mire por donde se lo mire, el gobierno bonaerense no tiene otra alternativa que cumplir lo que establece la Justicia. Si no lo hace, entraría en terreno de la ilegalidad y serán penalmente responsables. Es mas ya tenemos redactadas las denuncias correspondientes”, dijo a Hoy el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME), ingeniero Marcelo Balcedo. Este gremio, junto con ATE y la CTA Autónoma, fue el encargado de judicializar el escandaloso cierre de la paritaria realizado en marzo cuando, según se denunció, un puñado de dirigentes sindicales como Carlos Quintana (UPCN) y Julio César Castro (Fegeppba) pactaron un aumento salarial irrisorio del 12% (la inflación supera el 40% anual) a cambio de mantener distintos negociados oscuros en la administración pública bonaerense.

Tal como lo informó el diario Hoy el pasado viernes, en el fallo de Arias se destaca que “el informe provisto por la Dirección Provincial de Personal sólo contempla algunas de las asociaciones gremiales involucradas en la negociación paritaria, omitiendo a muchas otras que poseen afiliados pertenecientes al régimen de la Ley 10430, algunas de las cuales se encontraban presentes en la primera reunión paritaria. Tal omisión podría modificar de modo sustancial la proporción de votos que corresponde asignar a cada entidad gremial y alteraría la representatividad necesaria para la adopción de una decisión válida. Ello es así por cuanto el acuerdo salarial requiere de la mayoría absoluta de la totalidad de los representantes”.

El juez hizo especial hincapié en el irregular accionar de la conducción de la Fegeppba. En ese sentido, destacó que resulta “verosímil” lo manifestado por los denunciantes respecto de las deficiencias que presentaría la nota de aprobación de la propuesta por Fegeppba, dado que la misma en ningún momento precisa cuál o cuáles de las asociaciones sindicales federadas que se encontraban presentes en la reunión del Consejo Ejecutivo del 9 de marzo. “Observo que dicha cuestión podría generar una alteración en el cómputo de las mayorías tenidas en cuenta a los fines de la aprobación de la propuesta del Ejecutivo, en tanto omite la voluntad de las asociaciones sindicales de base”, sentenció Arias. Cabe recordar que, producto de esta escandalosa votación, el SOEME decidió irse de la Federación de Gremios Estatales y hacer la correspondiente denuncia en los tribunales.

Vidal: entre la queja y la complicidad

Durante el fin de semana, la gobernadora María Eugenia Vidal salió al cruce de las declaraciones de Daniel Scioli, que había calificado como una "demostración ejemplar" la movilización del último viernes donde confluyeron las distintas CGT y CTA.

Vidal afirmó sobre Scioli, que "su preocupación por los trabajadores no se expresó en la provincia que dejó" e insistió que la encontró "quebrada".

Ahora bien, ¿Cuál es el motivo por el cual la gobernadora no denunció penalmente a su antecesor por la herencia recibida, cuando tiene los documentos a su disposición que demuestran el quebranto de la Provincia?, ¿Cuál es motivo por cual varios funcionarios de primera y segunda línea, que formaron parte del gobierno de Scioli,  ahora firman parte de la gestión Vidal?

Evidentemente, más allá de las peleas mediática hay claro nexos que tienen que ver con negocios que unen tanto al sciolismo con al macrismo. Por ello, Vidal ratificó a Gustavo Ferrari como Asesor General de Gobierno, dejó a Jorge “Piedrita” Rodríguez –uno de los arquitectos de los negociados con las tragamonedas como vicepresidente en el Instituto de Lotería y mantuvo gran parte del directorio del IOMA involucrado en al menos 16 causas penales. A su vez, mantuvo a gran parte de la cúpula de la Policía Bonaerense (ver Inseguridad: la Provincia narco).