“¿De qué carajo voy a hablar con Suriano si no es de cuestiones de Seguridad? ¿Le voy a compartir recetas de cocina?”

Dos exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) reconstruyeron, en sus respectivas indagatorias, cómo circulaba por sus teléfonos información vinculada con los detenidos de los penales de Ezeiza y Marcos Paz. Sin embargo, aseguraron que se trataba de intercambios vinculados a sus funciones y no a tareas de espionaje ilegal.

Las declaraciones indagatorias ocurrieron en el marco de la causa por el supuesto espionaje ilegal, que se tramita en Lomas de Zamora, y estuvieron circunscritas a la información que surge del “Legajo 9”, referido a las tareas de presunto espionaje ilegal desplegado sobre personas privadas de su libertad, sus entornos y hasta sus abogados.

Las declaraciones de los imputados Fernando Carra (exasesor de la dirección del SPF y luego a cargo de la Oficina de Promoción de Derechos Humanos) y Miguel Ángel Perrota (exdirector de Asuntos Internos) ocurrieron el viernes y se extendieron hasta las primeras horas de la noche. Carra declaró durante seis horas, y su abogado acusó a los fiscales de armar una imputación en su contra para quedar bien con alguien.
De manera poco elegante y recordando a los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona, remarcó que la información que obtenía de las personas privadas de su libertad no tenía que ver con inteligencia ilegal, sino con pedidos que ellos le hacían. “Los presos sabían que yo era el tipo que lidiaba entre el SPF y ellos y las organizaciones”, indicó Carra.

En relación con los intercambios de información con el exencargado del área de Inteligencia del SPF, Cristian Suriano, sostuvo que se trataba de información vinculada a la seguridad dentro de los penales y que, por lo general, tenía que ver con venta de droga, intentos de fuga y hasta venta de celulares por parte de empleados del Servicio que los habían secuestrado durante distintas requisas.

“¿De qué carajo voy a hablar con Suriano si no es de cuestiones de Seguridad? ¿Le voy a compartir recetas de cocina?”, espetó durante la indagatoria que acompañó con un escrito de más de 70 páginas, que pareció más bien un monólogo porque la fiscalía desistió de hacer preguntas frente al tono del descargo del imputado.

La declaración de Perrota fue más corta y en un tono más educado, aunque hubo un momento de tensión cuando los fiscales le preguntaron por un mensaje que le había enviado a Emiliano Blanco (exdirector del SPF) el 6 de noviembre de 2019. En este le decía que tenía “disponibles todas las fichas de los presos políticos, en papel y en digital”. Según consigna Télam, “en ese momento Perrota le repreguntó a la fiscalía qué entendía por presos políticos y, tras la intervención del juez Augé para ordenar la indagatoria, el acusado dijo que ese mensaje tenía que ver con personas que en los años 70 habían estado detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y que la información se había utilizado para otorgar resarcimientos”.

Ninguno pudo explicar cómo parte de la información que circuló por sus teléfonos luego fue a parar a manos de exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia, que también están acusados por supuesto espionaje ilegal.

Entre las víctimas del espionaje ilegal contra personas que están o estuvieron detenidas se encuentran el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime; los empresarios Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabián De Sousa y Cristóbal López; el abogado Jorge Chueco; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exfuncionario, Carlos Santiago Kirchner; el exjefe del Ejército, César Milani, y el exvicepresidente Amado Boudou.

Para mañana está prevista la indagatoria del último titular del SPF durante el gobierno de Mauricio Macri, Emiliano Blanco, y del exdirector del área de Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano.