Datos relevados tanto por organismos oficiales como por organizaciones no gubernamentales dan cuenta de una problemática cada vez más preocupante. La situación se profundiza en el Conurbano bonaerense. También son alarmantes los números en la región. Una deuda pendiente por parte del Estado
01/02/2018 - 01:16hs
A más de dos años del triunfo de Mauricio Macri como Presidente, el déficit habitacional a lo largo del país, y en particular en el Conurbano bonaerense, es cada vez más preocupante. La falta de políticas públicas y el deterioro de la situación económica en distintos sectores de la población son algunos de los factores que han llevado a que esta problemática no haya presentado mejora alguna.
En este sentido, la ciudad de La Plata no es una excepción: de acuerdo a un relevamiento realizado por la ONG Techo existen 190 asentamientos o barrios informales, dentro de los cuales subsisten 34.500 hogares.
En el mismo documento se señala que de cada 18 familias que viven en barrios precarios de todo el país, una de ellas está en La Plata, Berisso o Ensenada. Según la organización Techo, en el 90% de los casos la mayoría de las familias no cuentan con acceso formal a la red de energía eléctrica ni al agua corriente y la cifra se eleva al 99% en cuanto al acceso a la red cloacal.
Especulación inmobiliaria, la contracara
La contracara a esta situación es que en la capital provincial, según lo detallado en el último censo, el 19% de las viviendas están vacías a raíz de la especulación inmobiliaria. Es decir, paradójicamente, mientras que muchas familias viven con las condiciones mínimas o directamente en situación de calle, cerca de 50.000 casas y departamentos están desocupados.
El déficit en materia habitacional en el país es de cuatro millones de casas. Esta situación hace que seis millones de argentinos vivan en condiciones de hacinamiento, expuestos a contraer enfermedades y en una situación de pronunciada desigualdad a la hora de educarse o conseguir un trabajo.
Como si esto fuera poco, a mediados de 2017 desde la Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda (Fatrav) denunciaron que a través de la Resolución Ministerial 122/17 el Ejecutivo dejó sin efecto el Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica II, el Programa Federal de Construcción de Viviendas-Techo Digno y el Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos.
A ellos se agregan el Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas - Mejor Vivir II, el Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, el Programa Federal de Integración Sociocomunitario y el plan denominado Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria. En total, son siete los planes de viviendas sociales dados de baja por el Ejecutivo.
Una luz en el horizonte
A partir de un trabajo conjunto entre diferentes áreas del gobierno y distintas entidades y organizaciones sociales, como Cáritas Argentina, Techo, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), se puso en marcha el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
El objetivo de este organismo es relevar todos los asentamientos de la Argentina para trazar políticas públicas inclusivas, que permitan mejorar la situación habitacional de las familias. Luego del primer relevamiento realizado desde el Renabap (que alcanzó al 60% de la población) se detalló que existen 4.228 barrios populares, que involucran villas o asentamientos informales, de los cuales 1.600 se encuentran en el Conurbano bonaerense. Son en total 800.000 familias.
En diálogo con diario Hoy, Roberto Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, destacó que el trabajo comenzado “es un hecho inédito porque no existía un registro completo ni validado por el Estado”.
“Esto comienza con el reconocimiento y la visibilización de las personas y, a través de las áreas del Estado y las organizaciones sociales que trabajaron con nosotros, iremos planificando una serie de medidas tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas”, completó.
La Provincia busca dar respuestas
El pasado 8 de enero se conoció por medio del Boletín Oficial la decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de implementar un plan para urbanizar villas y asentamientos, cumpliendo con uno de los puntos más importantes de la Ley 14.449, de Acceso Justo al Hábitat.
Como parte de esa resolución se crea el Programa de Integración Socio-Urbana (PISU) y se conforma un organismo provincial de integración social y urbana como entidad autárquica bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El PISU, según se establece en los considerandos de la normativa, “tiene como objetivo el abordaje de la problemática del hábitat desde una política integral y articulada”. En ese sentido, se trabajará en torno a tres lineamientos: integración urbana y calidad ambiental, redes socioeconómicas para el desarrollo barrial, participación y modernización del Estado.
Números de un panorama complejo
6.000.000 de argentinos viven en condiciones de hacinamiento
4.300.000 de viviendas faltan a nivel nacional
58% ocupan los barrios “populares” en todo el país
330 Km2 ocupan los barrios “populares” en todo el país
4.228 villas o asentamientos hay en todo el país
800.000 familias viven en barrios precarios
190 asentamientos o barrios informales existen en la región
34.500 hogares forman parte de los mismos