Denuncia penal por “truchar” la paritaria estatal en la Provincia

Fue presentada ayer por los representantes legales de los gremios ATE y SOEME. Se acusa al Ministro de Trabajo y a su principal colaborador por falsificación de documentos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica

Gremios que representan a los trabajadores estatales de la Provincia ayer presentaron una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), a cargo de Marcelo Romero, contra funcionarios del gobierno que encabeza María Eugenia Vidal. Se los acusa de incurrir en los delitos de falsificación de documentos públicos, incumplimientos de los deberes de funcionario y falsedad ideológica, delitos que contemplan hasta seis años de prisión.

La demanda, que apunta contra  el Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas y al subsecretario de Negociación Colectiva, Carlos Di Paolo, surgió a raíz de una serie de adulteraciones e irregularidades cometidas desde el gobierno al cerrar la paritaria de los trabajadores estatales. Según las organizaciones sindicales, ese procedimiento se hizo “de manera ilegal y arbitraria• en marzo pasado. 

Dichas alteraciones, que van desde el fraguado de actas hasta la interpretación tergiversada de notas presentadas por distintos gremios, llevaron a que representantes legales del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) y ATE elevaran el tema a la justicia penal. La decisión se adoptó luego de que el jueves pasado -y una vez reabierta la paritaria por orden del juez Luis Federico Arias- los dirigentes de ambos gremios observaron nuevamente maniobras irregulares por parte de los mismos funcionarios involucrados que, según señalaron los denunciantes, buscaron ratificar el 12% de aumento que es rechazado por la mayoría de los gremios.

“Entendemos que los hechos que se han dado en el marco de la negociación paritaria están plagados de irregularidades y muestran cierto desprecio del gobierno para con los trabajadores del Estado, además de un grado de impunidad para cerrar un aumento salarial miserable y condenar a las familias de los estatales a penurias”, señalaron los denunciantes.

El equipo jurídico de ATE y SOEME, encabezado por Marcelo Ponce Núñez y Guillermo Chávez, denunciaron ante el fuero penal la adulteración de las actas paritarias de los días 3 y 11 de marzo en las que se pueden observarse cambios de nombres, ausencia de firmas y otras incongruencias. Por ejemplo, en un mismo expediente judicial, en lo contencioso administrativo, el juez Arias solicitó un informe al Ministerio de Trabajo respecto de la situación de paritarias del sector encuadrado en la ley 10.430. Allí se resolvió, de manera precautelar, que “no se cierre la paritaria” y exigió las actuaciones administrativas. Esto es, las actas y comunicaciones de las reuniones. Por ello el Ministerio de Trabajo, a través de la fiscalía de Estado, remitió 183 fojas entre las cuales figuraban copias de actas diversas que no estaban firmadas y, por lo tanto, no se hallaban debidamente suscriptas.

Los denunciantes advirtieron que las actas no contaban con las formalidades que establece la ley (por las firmas) y tampoco existía un expediente administrativo como lo requieren las normas vigentes. Frente a ello, solicitaron que el ministerio remita la totalidad del expediente administrativo entendiendo que se había omitido información y que la misma había sido presentada de manera irregular. Por ende, según la denuncia, “el ministerio de Trabajo envió un segundo informe y en él aparecieron solamente dos actas y una explicación del ministro argumentando que no era necesaria la confección de un expediente administrativo. Sin embargo, se estaba incumpliendo con los procedimientos conformes al decreto/ley 7647/70”.

En tanto, en el segundo informe remitido por la cartera laboral bonaerense, se pudo constatar que el Poder Ejecutivo envió a la justicia -integrando el mismo expediente- dos actas paritarias, con fecha 3 de marzo y 11 de marzo de 2016, diferentes a las incorporadas inicialmente. 

“En estos casos las cuatro actas a las que se hace referencia, las dos del 3 y 11 de marzo de 2016 remitidas en una primera instancia y las que luego adjuntó el ministerio -también con fecha 3 y 11 de marzo de 2016-, son diferentes en su contenido y en sus formas. En las primeras se observa la ausencia de firmas por parte de los presentes en el acto paritario, y la distribución y contenido de los párrafos en diversas fojas de distinta manera, cuando deberían ser iguales. Entre las irregularidades, además de que en una hay firmas de presentes y en otra no lo están, las actas exhiben la presencia de distintas personas en una misma reunión según cada acta”, reseña la presentación judicial. Y concluye: “Todo esto indica que los documentos presentados ante la justicia fueron adulterados”.

Cabe destacar que, de acuerdo al artículo 293 del Código Penal Argentino, quien “insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio” recibirá una pena de “reclusión o prisión de uno a seis años”.