Desde Nación presionan a los gobernadores para avanzar con el “Pacto de Mayo”
El Gobierno nacional advirtió que el que no quiera firmar se quedará afuera. Aguarda el pronunciamiento de todos los mandatarios para convocarlos a Casa Rosada.
La acusación fue realizada por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y alertó sobre esta preocupación.
04/03/2024 - 00:00hs
En los últimos días, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existen trabas de la Justicia argentina en denuncias por actos de corrupción gubernamental. La acusación generó un gran revuelo.
Fue en el marco de la selección de la CIDH para que la ONG mencionada expusiera durante su 189° período de sesiones sobre la independencia judicial. De esta forma, durante la audiencia, que tuvo lugar en Washington, el doctor Marcelo de Jesús, en representación de Fores, aseguró que el principal problema de la Justicia es la constante obstrucción de la política en busca de impunidad para los actos de corrupción gubernamental.
Esto resulta particularmente grave, ya que diversos estudios vinculan a la corrupción con los incrementos de los índices de pobreza que, en nuestro país, ya superan el 50%, indicaron desde las redes oficiales del foro, donde agregaron: “Según Transparency International, Argentina está 98° entre 180 países en el ranking de corrupción”.
De esta manera, sostuvieron que, “pese a que la Justicia ha condenado a diversos funcionarios, incluso a la expresidente, solo el 6% de las causas por corrupción llega a juicio, el resto no supera la etapa de investigación”.
En ese aspecto, el doctor De Jesús mencionó que entre las obstrucciones de la política a la Justicia se encuentra “el asesinato de un fiscal federal en 2015, quien se encontraba investigando a varios funcionarios que habrían estado involucrados en el atentado contra la AMIA, y las interferencias de la política partidaria en los órganos de control, tales como los intentos de incrementar desproporcionadamente la representación del estamento político en el Consejo de la Magistratura”.
Asimismo, también mencionó “la búsqueda de amedrentar a fiscales y jueces a través de declaraciones públicas, como cuando el presidente declaró que las investigaciones sobre la contratación pública es materia no sujeta a control judicial” y también “los intentos de cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público a través del dictado de leyes con la intención de generar múltiples vacantes en el Poder Judicial y aprovechar dicha situación para la designación “provisoria” de jueces y fiscales sin estabilidad”.
En tanto, para finalizar con su enumeración de obstrucciones de la política, mencionó “la ideologización y partidización de la Justicia a través de la narrativa del lawfare”.
Por otra parte, desde las redes del Fores señalaron que, en la audiencia, “se propuso a la CIDH un seguimiento más estrecho de la Carta Democrática Interamericana, del efectivo funcionamiento de la división de poderes y la independencia judicial en los estados y que se insista en que la Justicia decomise el producto de la corrupción”.
En la presentación colaboró el equipo de investigación de Fores, integrado por los doctores María de los Ángeles de Seta Acosta y Joaquín Vergara Fornari.