Denuncian negociados de López y De Vido que llegan hasta La Plata

Se presentó ante el juez federal Ariel Lijo una acusación contra los dos exfuncionarios kirchneristas por ser parte de una asociación ilícita que beneficiaba directamente a una empresa socia del gremio Sosba. La corrupción K, en su máxima expresión 

El desmanejo realizado durante más de 12 años en la obra pública por parte del kirchnerismo comienza a causarle serios problemas en la Justicia. Una denuncia radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4 del juez Ariel Lijo pide que se investigue al exministro de Planificación Federal Julio de Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López, al extitular de Aysa Carlos Ben y a las empresas Eleprint y Coarco por la posible comisión del delito de asociación ilícita.

De acuerdo a la acusación que lleva el número 9731/16, desde la cartera conducida por el actual diputado nacional K se habrían desviado fondos del crédito AR-L 1080 dado en 2009 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 250 millones de dólares para el mejoramiento y expansión de la infraestructura de agua potable y saneamiento en el área metropolitana.

Gran parte del dinero se habría destinado a la construcción de dos plantas depuradoras, una en Berazategui y la otra en San Fernando, ejecutadas a través de Coarco SA, una de las mayores destinatarias de las obras bajadas desde el Ministerio de De Vido, y Eleprint SA, cuyo dueño es Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción.

Esta última firma tiene una estrecha relación con nuestra ciudad, ya que entre sus directivos figura el abogado platense, Pascual Caiella, quien aparece íntimamente relacionado en  diferentes negocios con la conducción  del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (Sosba), que dirige Julio Castro, y la empresa 5 de septiembre.

Como informó en su momento Hoy, en el año 2013 Eleprint y 5 de septiembre, en conjunto con Mako SA que dirige el abogado platense Marcelo Salinas, resultaron adjudicatarios de la construcción de la planta potabilizadora de Punta Lara por más de 150 millones de dólares, negocio que luego fue abortado por el propio Daniel Scioli poco antes de irse del poder.

Turbio accionar

En la denuncia radicada en el juzgado de Lijo se pide indagar sobre el papel jugado por Eleprint en la maniobra de los fondos destinados por el BID. De acuerdo a lo detallado por el denunciante, Aldo Emilio Seidler, la compañía dirigida por Weiss al momento de realizar las obras no podía funcionar legalmente por tener el cuit suspendido por emitir facturas truchas. Entonces utilizó el cuil de Coarco a través de la conformación de una UTE (Unión Transitoria de Empresas).

A través de dicha UTE, y en supuesta complicidad con De Vido y López, se ofrecía menos dinero para ganar las obras y después pedían más fondos al Estado nacional en concepto de “ampliaciones”. Además, las empresas habrían digitado sobreprecios, sobrefacturaciones y subejecuciones, cometiendo un fraude gigantesco a las arcas públicas, que se estima cercana a los 30 millones de dólares.

La acusación también pide que se investigue a las empresas por el desvío de grandes sumas de dinero que habrían ido a parar al pago de sobornos y retornos a los exfuncionarios para hacerse de manera ilícita con el otorgamiento de diferentes obras públicas.

Tanto Coarco como Eleprint fueron grandes beneficiarias durante la era K, con negocios que superan los dos mil millones de pesos y contratos que siempre fueron digitados desde las áreas que conducían De Vido, López y Ben, ocasionándole un grave daño a las finanzas del Estado nacional.

Sin control gubernamental

Algunas de las irregularidades que se denuncian en la causa judicial iniciada en el juzgado que conduce Ariel Lijo son, por ejemplo, que tanto Eleprint SA como Coarco SA recibieron el beneficio del kirchnerismo de poder autocontratarse para hacer los controles que debería haber hecho el propio Estado nacional.

Según se resalta en la acusación, desde las áreas que conducían Julio de Vido, José López y Carlos Ben (exsecretario privado de Eduardo Duhalde) le permitían a la UTE que conformaban las firmas contratar a la compañía STI Argentina SA, que pertenecía al mismo holding empresarial del cual Coarco es la bandera de batalla.

Además, se pide que se investigue a los exfuncionarios y a las empresas por malversación de caudales públicos, así como a los exmiembros del gobierno K por supuesto enriquecimiento ilícito con dinero proveniente de contratistas de obra pública, y por tráfico de influencias en relación a la sobrefacturación y subejecución de la obra pública.

Los números de la discordia

- 250 millones de dólares, el crédito dado por el BID.

- 180 millones le tocaron a Coarco SA.

- 70 millones le tocó a la firma Eleprint SA.

- 30 millones no tendrían ninguna certificación de obra.

- 28 millones se habrían desviado de supropósito original.

- 150% los sobreprecios que alcanzaron las obras hechas por las empresas.