Desalojaron el predio tomado en Guernica

La Policía desalojó ayer, en cumplimiento de una orden judicial, el predio en la localidad bonaerense de Guernica ocupado por familias que no habían aceptado el acuerdo para retirarse pacíficamente del lugar, en el marco de un operativo en el que fueron aprehendidas unas 35 personas.

“El objetivo primordial del gobierno de la provincia de Buenos Aires fue encontrar una salida pacífica, siempre sobre la base de que se trataba de una ocupación ilegal y quienes permanecían en el lugar estaban violando la ley”, indicaron fuentes oficiales.

El gobierno bonaerense indicó a través de voceros que “antes de las 7 de la mañana el predio estaba completamente desalojado”, y agregó que “luego se produjeron incidentes en los alrededores del barrio, por los cuales hay alrededor de 40 detenidos y varios policías contusionados”.

También se destacó que la desocupación se produjo “después de múltiples mesas de diálogo” y como consecuencia de que “un grupo radicalizado no accedió a ninguna de las propuestas realizadas y exigía permanecer en el predio, desconociendo la orden judicial”.

Los disturbios ocurrieron a unas tres cuadras del campo, cuando grupos resistían ti­ran­do piedras a las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y se desplazaron a pie y a bordo de cuatriciclos para dispersarlos.

Unos 4.000 efectivos policiales y agentes especiales rodearon la zona y comenzaron a derribar algunas casillas que se habían instalado en el lugar para cumplir con la orden del juez de Cañuelas, Martín Rizzo.

El operativo se concretó luego de varias semanas en las que el gobierno bonaerense entabló negociaciones con los ocupantes, realizó un censo y pudo avanzar con la desocupación pacífica de la mayoría de las familias.

En tanto, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, uno de los tres a cargo de la causa, confirmó que, en el marco del operativo de desalojo, hubo “cerca de 35 aprehendidos” y se encontraron en el lugar “balines, facas y fierros clavados en el barro”.

En el marco del trabajo desarrollado por el gobierno bonaerense, el Ministerio de Desa­rrollo de la Comunidad –junto con representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales– realizó un censo entre los ocupantes “que identificó a 1.904 personas”.

Del cruce de datos con el Renaper surgió que había “1.098 grupos familiares que habían entregado datos correctamente”, explicaron desde la Provincia.

Según ese registro, unas 600 familias firmaron el acuerdo con el gobierno para desa­lojar pacíficamente el predio, y a cambio recibieron materiales de construcción y dinero para pagar el alquiler de sus futuras viviendas, en tanto que otras fueron alojadas en “espacios transitorios” de Presidente Perón.
Dentro del predio ocupado se escucharon algunas detonaciones y se observaron columnas de humo por la quema de casillas levantadas en el lugar.

Los efectivos cortaron los alambres con que se delimitaron las tierras ocupadas, mientras que el operativo fue resistido por los ocupantes que, con piedras y palos, intentaron frenar el accionar policial.

Luego del desalojo, algunas personas continuaban resistiendo en los alrededores, donde hubo enfrentamientos, y alrededor de las 9 llegaron al lugar un camión hidrante y cinco camionetas.

Cerca del mediodía, personal del municipio de Presidente Perón, a bordo de topadoras, comenzó a demoler las casillas de madera que quedaban instaladas e inició el operativo de limpieza de los terrenos.

En paralelo, bajo la consigna “No al desa­lojo, tierra para vivir”, militantes de algunas organizaciones sociales iniciaron una protesta en rechazo a la desocupación en puntos como el Puente Pueyrredón, frente al Obelisco, en la Autopista Buenos Aires-La Plata, el Hospital Posadas y la ciudad de Mar del Plata.

También se realizó otra manifestación frente a las puertas de la municipalidad de Presidente Perón, de la que participaron algunos de los desalojados más temprano, junto a dirigentes del Polo Obrero (PO).

Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S. A., el juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo ordenó el desalojo del predio, decisión que fue postergada en dos oportunidades a pedido del gobierno provincial y que tenía para mañana fecha límite de concreción.