Es en la causa por presuntas irregularidades en los comedores sociales. La decisión la tomó el juez federal Sebastián Casanello luego de llamar a indagatoria al dirigente para el próximo 25 de junio.
30/05/2024 - 00:00hs
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la inhibición de bienes de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, que fue llamado a indagatoria en el marco de la causa que investiga administración fraudulenta, coacción y extorsión a beneficiarios de planes sociales. Precisamente, el llamado a indagatoria se concretó luego de que se sospechara del manejo de dinero de la organización a través de facturas truchas y gastos dibujados.
En el expediente se investiga una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El juez citó a indagatoria a 23 acusados, que se realizarán en seis audiencias, que comenzarán el próximo 11 de junio y se extenderán hasta el 25, cuando sea el turno de Belliboni. El martes, Belliboni se presentó en la causa con la representación de la abogada Liliana Alaniz.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el juez dispuso la inhibición de bienes de Belliboni y la otra veintena de convocados a indagatoria. Se trata de una medida similar a la que ya había dispuesto el 15 de mayo sobre las personas a las que había apuntado el fiscal Gerardo Pollicita. El juez no solo inhibió todos los bienes, a pedido de la fiscalía, también incluyó las billeteras virtuales.
La inhibición alcanzó, en una primera tanda, a Jeremías Cantero, el segundo de Belliboni en el PO, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
Y, ahora, tras las indagatorias, se agregaron a: Brisa Noelia Paucara Choque, Mercedes Fossat, María Cecilia Cowper, Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego, Iván Ortiz, Roberto Adrián Albornoz y Eduardo Belliboni.
La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
Casanello destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados —al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”—, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
“Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, dijo.