Edelap busca tapar la quiebra con los tarifazos

Mientras continúan las quejas por el paupérrimo servicio y la falta de inversiones, los tarifazos le generaron a la quebrada empresa de luz más de $424 millones de ganancias en solo tres meses. El cuadro tarifario está judicializado. Aseguran que se deben devolver todos los incrementos cobrados

En momentos en que los tarifazos fueron frenados tanto en la Justicia Federal como en los tribunales bonaerenses, los números de Edelap despiertan fuertes sospechas. La empresa, según lo dispuesto por la Justicia, deberá informar en las audiencias públicas convocadas para el 28 de julio qué tipo de inversiones tiene planeado realizar para mejorar un servicio que solo cosecha críticas y cuestionamientos por parte de los usuarios.

Ahora bien, pese a que distintos organismos de defensa del consumidor aseguran que las inversiones de la empresa brillan por su ausencia, los accionistas de Edelap reconocieron que el nuevo cuadro tarifario bonaerense, que se encuentra objetado por la Justicia, le generó una ganancia neta de $424 millones en tan solo tres meses. Así consta en las actas de directorio entregadas a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por parte de la empresa comandaba por Alejandro Macfarlane, quien también tiene a su cargo la distribuidora EDEN de la Costa Atlántica. Macfarlane es un exfuncionario del gobierno menemista que es yerno de Hugo Anzorreguy, quien fuera titular de la SIDE en los años ´90. 

Los números despertaron fuertes sospechas ya que la empresa Edelap arrastra, desde hace años, una situación de virtual quiebra. Sin ir más lejos, antes de la aplicación de las subas de tarifas, la empresa había informado a la CNV que solo en el ejercicio 2014 había obtenido una pérdida neta de $ 257.482.040 que, junto con los resultados no asignados de ejercicios anteriores, totalizaba $605.136.366. Como resultado de ello, la sociedad presentaba un patrimonio neto negativo de $120.920.673. En otras palabras, si en aquel momento se hubiesen vendido todos los activos de Edelap, los recursos obtenidos no alcanzarían para pagar las deudas acumuladas.

“El gobierno anterior no controló a las empresas de servicios públicos, otorgó subsidios a discreción sin reparar qué se hacía con esos fondos. Entonces, no sabemos a dónde fueron esos millones, por qué los cortes que padecen los ciudadanos continúan. Por eso la Justicia frenó los tarifazos: no hubo una audiencia pública capaz de detallar todo esto. Entonces, está abierto el interrogante si lo que se pretende recaudar con los aumentos es para salvar los números de la empresa, para inversiones o para aumentar la rentabilidad”, dijo a Hoy el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino. 

Y agregó: “Hoy el servicio de luz es de pésima calidad. Los subsidios fueron una fuente de corrupción que las autoridades anteriores no investigaron, por lo que las actuales deben hacerlo”. Cabe destacar que el tarifazo en la energía eléctrica en la Provincia de Buenos Aires está frenado producto de una sentencia definitiva del Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo de La Plata. A ello se le suma otro fallo del Juzgado Civil N° 11 de La Plata, a cargo de María Cecilia Valeros de Corica, que dispuso la suspensión por tres meses de la resolución N° 22/2016, interrumpiendo el cobro de factura ya emitida por parte de la empresa y debiendo refacturarse la totalidad de las boletas aplicándose el cuadro tarifario anterior. 

“Edelap no invirtió”

En diálogo con Hoy, Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, aseguró que “la falta de inversión ha sido un clásico. Empresas como Edelap han recibido subsidios pero no han mejorado el servicio, por lo que uno no puede esperar que los aumentos tarifarios se vayan a volcar en inversión u obras”.

“En este escenario, no ha habido un control genuino y profundo sobre el desempeño de las empresas que nos permitan saber qué hicieron con los recursos que el Estado les transfirió. Hay que entender que los usuarios primero necesitamos un servicio de calidad para después pagar las tarifas: no podemos pagar por adelantado un cheque en blanco”, agregó.

Concluyó: “En el caso de Edelap, no invirtió en los denominados fierros de la calle, es decir, no invirtieron en el tendido que lleva la electricidad hasta los hogares porque se producen cortes permanentes en los picos de consumo. Anualmente hay un aumento en los consumos del 6%; sin embargo, las distribuidoras no aumentaron su capacidad de distribución. Entonces se produce el colapso”.

“Hay que hacer una profunda auditoría”

Sandra González, titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la República Argentina (Adecua), le dijo a Hoy que “debería hacerse una profunda auditoría de lo que ha pasado con empresas como Edelap, para saber cuánto ha recibido en subsidios y qué ha hecho con ese dinero”.

González agregó: “Llama la atención que haya recibido millones de pesos del Estado, que no hayan mejorado el servicio de luz y que hoy argumente falta de rentabilidad”. Y concluyó: “Si hoy la empresa está quebrada, más todavía se justifica una auditoría que detalle adonde destinaron los recursos que pagamos todos. La realidad es que todos los costos se le cargan al usuario que, paradoja mediante, es el que al mismo tiempo sufre los cortes y los aumentos”. 

La Cámara Federal habilitó la feria

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata resolvió ayer habilitar la feria judicial para seguir tramitando las causas colectivas contra la tarifa de gas y de electricidad en todo el país, a raíz de un planteo realizado por el Estado nacional. En rigor, el tarifazo seguirá frenado: el único efecto que tendrá esta resolución es que se aceleren los tiempos para que la apelación del Gobierno nacional llegue a la Corte Suprema cuando el máximo tribunal vuelva a sus funciones tras el receso invernal.

La semana pasada, con voto de los jueces Álvarez, Schriffrin y Calitri, la misma Sala resolvió “con alcance colectivo anular los aumentos en la tarifa de gas” y ordenó “retrotraer la situación previa a las subas”. En el fallo, los magistrados declararon nulas las resoluciones “por no haber sido precedidas de audiencias públicas”.