La entidad recurrió a la Justicia por las obligaciones de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre operaciones sospechosas de clientes y sostuvieron que la normativa es inconstitucional.
30/03/2024 - 00:00hs
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal recurrió a la Justicia por las obligaciones de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre operaciones sospechosas de clientes y sostuvieron que la normativa es inconstitucional. Además, plantearon un amparo para frenar su implementación y denunciaron que la norma viola la confidencialidad.
El amparo será presentado contra el Estado Nacional por incluir a los abogados y abogadas como sujetos obligados a informar a la UIF operaciones que sean sospechosas. Esto fue avalado por el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, que sostuvo: “Todas las actividades de los abogados y abogadas se encuentran amparadas por el secreto profesional, no solo las que se vinculan con el litigio”.
“El abogado no puede ser obligado a violar la relación de confidencialidad denunciando a su propio cliente. Y además exigiéndosele informes, evaluaciones de riesgos e incluso indagar sobre el origen de los fondos de los clientes”, aseveró el titular del Colegio.
Cabe mencionar que, tras la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a nuestro país, el Ejecutivo nacional reglamentó la nueva ley antilavado que incorpora a los abogados, contemplados como Sujetos Obligados en el inciso 17 del artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, quienes deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.