“El funcionario que justifique un caso de gatillo fácil está encubriendo un delito”

El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, se refirió a las acciones del gobierno bonaerense para erradicar la violencia institucional.

El funcionario remarcó que “un caso de gatillo fácil no es algo que corresponda a una jurisdicción, provincia o ciudad, sino que tiene que ver con el proceso de reformar para el cambio de práctica del sistema de seguridad, algo que se está encarando desde el gobierno provincial”.

En ese sentido, destacó la importancia de “tener una articulación permanente con el Ministerio de Seguridad en los casos donde estaría involucrado algún miembro de la fuerza de seguridad en la muerte de alguna persona”, como el hecho de que la cartera lo ponga a disposición.

Asimismo, valoró que, “en el caso de Miramar (se investiga la muerte de Luciano Olivera, un joven de 16 años que recibió un disparo en el tórax por parte de un efectivo de la Policía provincial tras una persecución ocurrida en la madrugada del viernes), la fiscal está actuando con ­celeridad y es importante la resolución rápida de estos casos, sobre todo para la reparación de la familia”, e informó que “el gobierno será querellante en los casos de gatillo fácil. El funcionario que justifique un caso de gatillo fácil está encubriendo un delito, sea cual sea el partido al que pertenezca”.

En ese sentido, las autoridades consideraron que, ante las pruebas recolectadas, lo sucedido constituye “un claro caso de violencia institucional que implicó la utilización letal de la fuerza”. Por eso pidieron a los órganos judiciales competentes que desplieguen una investigación “pronta, exhaustiva y consistente” para determinar las circunstancias en las que el adolescente murió y si los policías involucrados tienen “responsabilidades funcionales y penales” en el desenlace de los hechos.