El Gobierno brindará detalles sobre el proyecto de reforma judicial

El presidente Alberto Fernández presentará el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesoren al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

El anuncio y los lineamientos generales del proyecto de ley serán anunciados mañana, a las 16, en la residencia de Olivos por el jefe de Estado, junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y legisladores nacionales invitados especialmente para asistir de manera remota.

La reforma tenía fecha de presentación para el lunes pasado pero el trabajo sobre el diseño legislativo de la propuesta, realizado por el mismo Fernández y Losardo, junto a el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, reprogramó el acto oficial para mañana.

Fernández explicará las líneas centrales del anuncio, con el listado de los once miembros del Consejo Consultivo ya difundido: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

Los once juristas, especializados en distintas ramas del Derecho, asesorarán al Presidente en aspectos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas.

La reforma, -que, todo indica, podría ser enviada esta semana por el Ejecutivo al Congreso para ser debatida- tiene por principal objetivo mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.

Mañana, Fernández señalará, según fuentes oficiales, la oportunidad para poner en funcionamiento el sistema de juicio por jurados, consagrado en la Constitución desde 1853, y que consiste en un tribunal popular, normalmente integrado por una docena de ciudadanos, que determina en base a las pruebas recogidas si el acusado es culpable o inocente, en tanto el juez dispone la pena.

También señalará como uno de los pilares de la propuesta oficial que se implemente el sistema acusatorio, aprobado ya en el Congreso, que otorga un mayor protagonismo al fiscal en los procesos penales, mientras que el juez funciona como garante del proceso.