El Gobierno despidió a 2400 empleados del Ministerio de Justicia

En línea con su plan de ajuste estatal, el Gobierno de Javier Milei anunció el despido de 2.400 empleados del Ministerio de Justicia, así como la eliminación de un incentivo destinado originalmente a capacitaciones. El argumento de la decisión fue que, en la práctica, no se llevaban a cabo dichas capacitaciones. La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien denunció irregularidades en la contratación de estos trabajadores.

Cabe señalar que la mayoría de estos empleados desempeñaban tareas relacionadas con el Registro de la Propiedad Automotor y controlaban las operaciones de los diferentes registros de todo el país. Dichas dependencias quedaron bajo la lupa por irregularidades desde que el presidente Milei ordenó investigar a estas “cajas de la política”.

“Se eliminaron dos nuevos curros de la política relacionados al rubro automotor. El Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares a través de ACARA. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público”, señaló Adorni durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

En esta línea, el portavoz también informó la supresión de un incentivo que, según indicó, representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos. Inicialmente, los fondos estaban destinados a la capacitación del personal del Ministerio, pero, según Adorni, “como todas estas cosas en el Estado, se terminaron desvirtuando y los pagos se convirtieron en un complemento salarial sin cumplir su propósito original”.

Otras medidas anunciadas por el Gobierno

Adorni también presentó un relevamiento en Chaco sobre pensiones por discapacidad laboral, donde se citó a 2.689 beneficiarios para una auditoría. Los resultados indicaron que solo 365 personas cumplieron con los requisitos para mantener el beneficio, lo que representa un 13,58% del total auditado.

“Este relevamiento expone la necesidad de revisar profundamente el otorgamiento de beneficios, ya que el 87% de los casos no cumplió con los requisitos necesarios”, afirmó el vocero presidencial.

Por otra parte, el Gobierno informó sobre una resolución de la Secretaría de Transporte que pone fin a la exclusividad de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en las capacitaciones de conductores profesionales. Desde 2019, el sindicato había recibido 11.000 millones de pesos anuales por esta actividad.

“A partir de ahora, cualquier prestador del sistema que quiera ofrecer capacitaciones a los conductores podrá hacerlo. Para tal fin, y continuando con las medidas para una mayor desregulación dentro del Estado y libre competencia, se creará un Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional de los Conductores de Transporte Automotor de Pasajeros”, informó el Ejecutivo.

Estas medidas forman parte del denominado “plan de motosierra” impulsado por Milei, que tiene como objetivo reducir el gasto público y desarticular lo que el Gobierno describe como “negocios políticos de la casta”.