El Gobierno presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal
La propuesta amplía beneficiarios, refuerza garantías y facilita el ingreso de capitales al sistema formal.
El Gobierno presentó el nuevo proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal, que este jueves será enviado al Congreso Nacional. La iniciativa apunta a modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias, administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La exposición estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, acompañados por contadores y tributaristas que recomendaron ajustes sobre la norma aprobada en diciembre pasado. Caputo subrayó que la esencia de la ley permanece intacta, “ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de formalizar sus ahorros dentro del sistema financiero”.
Alcance y beneficios
La apuesta oficial es que el esquema logre captar ahorros en efectivo y dinamizar sectores clave de la economía. Uno de los principales beneficiados será el mercado inmobiliario, ya que se habilita el uso de pagos en dólares billete en escrituras públicas, un reclamo histórico de escribanos y desarrolladores. Según explicó el ministro de Economía, esta medida permitirá formalizar operaciones y otorgar mayor seguridad jurídica a las transacciones.
El proyecto también reduce sanciones según el tamaño económico de los contribuyentes: personas humanas y microempresas tendrán un alivio del 80%, las pequeñas empresas del 60% y las medianas entre 20% y 40%. El objetivo es incentivar la adhesión de sectores que antes quedaban fuera por el peso de las multas.
Los bancos y escribanos figuran entre los sectores más favorecidos, ya que la adhesión al régimen será considerada un antecedente positivo por entidades financieras y organismos de control, lo que facilitará la identificación de clientes y reducirá trabas burocráticas. Para los ahorristas, el proyecto establece un “tapón fiscal” que impide revisar períodos anteriores o cuestionar el origen de los fondos exteriorizados, salvo diferencias significativas. Además, fija un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para ingresar dinero sin sanciones retroactivas.
Con estas reformas, el Gobierno busca que los ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin penalidades, ofreciendo previsibilidad y confianza a los contribuyentes.
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