Caló: "La creación del Consejo Económico y Social es positiva porque el país lo necesita"
El Secretario General de la CGT dialogó con Diario Hoy tras finalizar el anuncio de la creación del Consejo Económico y Social.
Un perito señaló que en las manos de Nisman había elementos compatibles con la “manipulación” de un arma de fuego.
20/02/2021 - 00:47hs
El juez de la Cámara Federal porteña Eduardo Farah reclamó que se le imprima celeridad a la investigación de las circunstancias en las que se produjo la muerte del fiscal general del caso AMIA, Alberto Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015 en circunstancias aún no esclarecidas judicialmente.
Así lo confirmaron ayer fuentes judiciales al señalar que el magistrado, recientemente retornado al tribunal de apelaciones, sostuvo en un fallo emitido el jueves que corresponde encomendar al juez federal Julián Ercolini que proceda de acuerdo a lo previsto en el artículo 207 del Código Procesal que establece que “la instrucción deberá practicarse en el término de cuatro (4) meses a contar desde la indagatoria”.
El mismo artículo sostiene que “si ese término resultare insuficiente, el juez solicitará prórroga a la cámara de apelaciones, la que podrá acordarla hasta por dos (2) meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación”, plazos que en esta causa ya fueron ampliamente superados.
“Sin desconocer la complejidad de la investigación desarrollada, habiéndose superado holgadamente el plazo que para la instrucción, a mi juicio corresponde encomendar al Sr. Juez de grado inferior que proceda de conformidad con lo previsto en esa disposición, lo que permitirá oportunamente encauzar, debatir y decidir los agravios del recurrente en un contexto de mayor amplitud de conocimiento”, sostuvo el magistrado.
Un perito señaló que en las manos de Nisman había elementos compatibles con la “manipulación” de un arma de fuego.
La posición de Farah quedó expresada en un breve fallo con el que la sala segunda de la Cámara Federal porteña confirmó el del juez Ercolini, que había rechazado hacer lugar a una medida de prueba solicitada por la defensa del técnico informático Diego Lagomarsino, imputado en el expediente como partícipe necesario del supuesto homicidio del fiscal de la causa AMIA.