Así como el macrismo y el vidalismo se valieron de la Justicia para encarcelar a gremialistas, el gobierno anteriorutilizó la Unidad de Información Financiera para armar una lista con datos de todos los dirigentes del país.
09/03/2022 - 00:00hs
Para el gobierno anterior todos eran culpables hasta que se demostrara lo contrario. Diario Hoy accedió a un informe que figura en la causa por la persecución a gremialistas, que investiga la Justicia Federal de La Plata, en el que puede verse cómo la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida entonces por Mariano Federici, relevó información sobre 171 personas y 148 asociaciones sindicales durante 2017, año clave en la persecución a dirigentes.
Mientras en estos días la Justicia Federal platense continúa investigando la causa de la mesa antisindical y la persecución contra Juan Pablo “Pata” Medina, el juez a cargo realizó un pedido de información a distintas agencias del Estado para ver qué habían hecho durante 2017.
De esta manera, la Justicia recibió de la UIF un informe en el que este organismo se propuso investigar si los sindicalistas o las entidades gremiales desviaban fondos y si había lavado de dinero.
La investigación
Los primeros indicios de que la UIF ponía bajo la lupa a los gremialistas comenzaron el 21 de abril de 2017, con un documento firmado por el director de Análisis de ese organismo, Lucas Reboursin, en el que se dirigía a la Dirección de Despacho.
Allí, “con la finalidad de detectar la eventual existencia de operaciones sospechosas que podrían considerarse de riesgo”, esa dirección designó como “personas expuestas políticamente” a “las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales” que desempeñaban o habían desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria”.
Al mismo tiempo, también se buscó a “los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad” de los sindicalistas.
Luego, en el documento al que pudo acceder este medio y está en manos de la Justicia, la UIF afirma que “se sugiere efectuar tareas de recopilación de información de inteligencia, en orden a poder identificar con tipo y número de documento a las referidas autoridades y a las personas físicas y jurídicas que se vinculen con las mismas”.
Desde la UIF macrista sugerían que, una vez identificados todos los gremialistas, podrían listarse en “un archivo Excel (con CUIT y DNI) y correrse del proceso (…) denominado búsqueda unificada múltiple”.
La UIF afirmaba que, en caso de que hubiera “resultados positivos”, se emitiría un informe destinado a Presidencia con tales resultados, “procurándose detallar para un mejor entendimiento a qué tipo de operatoria se vincula cada uno de ellos, para su consideración”.
Casualmente, esta acción se impulsó luego del 6 de abril de 2017, 15 días exactos luego del primer paro general de los gremios al gobierno de Mauricio Macri.
La presentación del proyecto
En el mismo documento que se le envió a la Justicia puede leerse que la UIF emitió en noviembre de 2017 un “proyecto estratégico de actividad de representación sindical”.
Allí se responde a “lo expuesto en el mes de abril de 2017” por “la Dirección de Análisis”, que había “sugerido efectuar periódicamente tareas de recopilación de información de inteligencia”.
En el documento se cuenta que la información de los gremialistas se buscó a través de una página web en la que había una lista de todos los sindicatos del país y de sus representantes, pero, al no obtener el CUIT, se realizaron búsquedas en “Nosis y otras fuentes de acceso público, con el fin de conseguirlos”.
De esa búsqueda surge que “se obtuvo la identificación nominativa de un total de 171 personas” y que se logró identificar con CUIT a 163 de ellas.
Luego se elevó a Presidencia “para su conocimiento y consideración, sugiriéndose, en función de los fundamentos que originaron el presente proyecto estratégico, que el comité de selección de casos basado en riesgo de la UIF proceda a evaluar el eventual tratamiento y posterior priorización de los Registros de Operaciones Sospechosas (ROS)”.
La utilización posterior
El organismo encargado de prevenir el lavado de activos ya avisaba que la información no solo se usaría en dicho proyecto estratégico, sino que puede leerse lo siguiente: “El análisis realizado en el presente proyecto podría hacerse extensible a la totalidad de tales sujetos. Adicionalmente, dicha información podría ser utilizada en otros proyectos estratégicos en los que se evalúen otros factores de riesgo en los distintos tipos de reportes recibidos en esta UIF”.