El reclamo por los adoquines llegó a la Suprema Corte de Justicia

Tal como viene señalando este medio desde estas páginas, el 23 de marzo de este año la Justicia hizo lugar a una medida cautelar orientada a la detención de las obras de pavimentación sobre el adoquinado de nuestra ciudad, en la zona de 7 y 60 (Plaza Rocha).

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, hizo lugar a un pedido vecinal para que se frenen los trabajos teniendo en cuenta que, de acuerdo a los denunciantes, se incurrió en “el incumplimiento de la medida cautelar que en noviembre pasado ordenó la suspensión del asfaltado”. En aquel momento, el Municipio apeló y el dictamen fue revocado por la Cámara de Apelaciones, dejando sin efecto la medida cautelar.

Sin embargo, con el inicio de los trabajos en Plaza Rocha, los vecinos presentaron un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y ­doctrina legal, que fue concedido por la Cámara.

Ahora tomó intervención la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que llevó adelante ayer una audiencia entre la Municipalidad de La Plata –representada por el abogado de la Comuna, Franco Gandero, y la secretaria de Planeamiento municipal, la arquitecta María Botta– y el colectivo SOS Adoquines Platenses, patrocinado por el doctor José María Martocci , director de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la UNLP.

Según informaron desde la ONG a través de un comunicado, “el debate se centró en las razones involucradas en la protección de los adoquines platenses, tomando en cuenta la ordenanza 9.008 que declara los adoquines como Patrimonio Cultural, Arquitectónico e Histórico de la ciudad de La Plata, avalada por legislación de nuestra ciudad en el año 1999 cuando fue declarada Bien Histórico Nacional en la tipología de centro histórico por la ­Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos”.

La ordenanza 9.008 a la que hacen referencia desde la ONG establece en su artículo 4, además de declarar como Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la ciudad al adoquín, que, “en caso de que las mismas (las calles con adoquinado) requieran arreglos o mejoras por el estado de deterioro en que se encuentran, deberán recibir el tratamiento adecuado utilizándose materiales apropiados para su conservación en el estado primitivo, evitándose capas o parches asfálticos o de otra índole. Dicho trabajo deberá ser realizado por personal idóneo y especializado en tareas de adoquinado”. Algo que claramente ha demostrado incumplir el Municipio.

“Los argumentos de la Municipalidad no tienen fundamento científico acreditado. Se sabe a nivel mundial que los adoquines son sustentables, requieren mínimo mantenimiento, regulan la velocidad del tránsito ­porque ralentizan la velocidad, absorben el agua de lluvia por tener lecho de arena y un nivel adecuado a las bocas de tormenta actuales”, señalaron.

Asimismo, aseguraron que “nuestros argumentos están avalados por centros de investigación de Conicet, UNLP y CIC, que sostienen el valor de los adoquines en relación al patrimonio identitario, cultural, la seguridad vial y el ambiente. Es de destacar la función que cumplieron en la inundación de 2013 en Plaza Rocha, que no se inundó”.

En ese marco, señalaron además que “la Municipalidad habló vagamente de la preservación del patrimonio, que iban a llevar los adoquines a otros barrios, cuando en realidad lo identitario tiene sentido en el lugar en que se encuentran por ser parte del paisaje urbano de cada barrio en particular”.

La Suprema Corte escuchó a ambas partes, realizó preguntas en función de los argumentos vertidos y dio por concluida la audiencia, tras lo cual se aguarda que exista algún tipo de resolución a posteriori.

La interna política

En estas páginas también se dio cuenta que la decisión de la Comuna de incumplir el fallo de la Justicia deja en evidencia el desprecio de la gestión de Julio Garro por acatar las disposiciones judiciales pese a su espíritu “republicano” como parte de Juntos por el Cambio, que además puede acarrear consecuencias para los propios funcionarios y abrió también peleas internas con cuestionamientos de por medio sobre cómo se abordó el litigio.

En medio de este fallo judicial, el intendente habría puesto el grito en el cielo por la estrategia utilizada por el responsable legal del Municipio, Ramiro Vallejos, el secretario de Coordinación Municipal, Oscar Negrelli, y el presidente del Concejo Deliberante, Darío Ganduglia.

Las críticas de parte del jefe comunal vienen atadas al propio fallo de María Ventura Martínez con fecha del 23 de marzo de este año, que en el inciso 6 señala: “De los antecedentes reseñados, se advierte que la propia Comuna accionada, lejos de desvirtuar el incumplimiento endilgado, lo reconoce abiertamente al admitir que ha ejecutado obras de asfaltado sobre el adoquinado de la Plaza Rocha, en flagrante contradicción con los términos de la tutela cautelar otorgada”.

“En efecto, tanto es así que ella misma sostiene que no se estaría incumpliendo con la demanda por cuanto los valores inherentes a las obras llevadas a cabo son compatibles con los tenidos presentes al resolver la cautelar. Sin embargo, al afirmar esto está desconociendo que por la misma, fuera de los argumentos utilizados en su oportunidad, se ordenó la inmediata suspensión y/o prosecución de las obras en marcha o en ciernes mientras no se acompañe al proceso un proyecto integral que permita realizar una evaluación sobre los valores en juego (v.gr., patrimonio cultural y modernización), extremo que no ha sucedido hasta la fecha”, apunta.

En esa misma línea, la jueza sostiene que “el reconocimiento de la infracción queda en evidencia nomás se atienda a que la propia Comuna solicita la suspensión del trámite del incidente planteado hasta tanto se pronuncie la Corte con respecto al recurso extraordinario articulado –en base a la doctrina legal que estima será a su favor según la cual a su entender será rechazado–, admitiendo así la vigencia de la tutela cautelar al quedar suspendida, por fuerza de la declaración de admisibilidad del RIL (Registro de Inaplicabilidad de Ley) y los efectos recursivos del mismo, la revocación de la medida efectuada por la alzada; por lo tanto, y gracias al juego de dicha dinámica recursiva, es que la tutela primigeniamente adoptada mantiene plena virtualidad y a ella debe ajustar su conducta el Municipio cumpliéndola en todos sus términos”.

Ante el claro señalamiento que hace la Justicia, poco margen queda para la excusa de los funcionarios responsables, y es por ello que, según dicen desde los pasillos del Palacio Municipal, los tres nombres mencionados al inicio de esta nota tuvieron que pasar por el despacho del mismísimo intendente para un “tirón de orejas”.

Sin intervención

Pese a estar vigente una medida cautelar que prohíbe el retiro de los adoquines, la Municipalidad continuó con su avance sobre Plaza Rocha tapando el adoquinado, y avanzó de todos modos en el Concejo Deliberante con un proyecto enviado por el intendente Julio Garro para modificar la protección patrimonial que tienen las arterias con el empedrado histórico, las cuales suman 75 cuadras de 12 calles del casco urbano que actualmente tienen ese material y sería tapado.

La iniciativa fue aprobada con la mayoría del voto oficialista y el voto en contra del presidente del bloque, Diego Rovella.

Cabe mencionar que, más allá de esto, sigue vigente la orden judicial por la cual la Municipalidad no puede realizar ninguna obra sobre el adoquinado.