La iniciativa, impulsada por Máximo Kirchner, apunta a proteger los ecosistemas. Contó con 41 votos del oficialismo.
En las últimas horas, el Senado sancionó la ley impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, la cual apunta a proteger los ecosistemas y prohíbe la venta de terrenos quemados en plazos de entre 30 y 60 años, a fin de evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.
Los votos aportados por el oficialismo fueron 41, contra 28 del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que hubo una abstención del senador del Frente de Todos por Corrientes, Carlos “Camau” Espínola.
El artículo 22 bis establece que “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por 60 años desde su extinción modificar en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”.
Además, se prohibirá durante ese lapso “la división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria, el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.
Según lo consignado en la propuesta, también se prohíbe “la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales, y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.
Testimonios
Como miembro informante, la senadora oficialista Ana Almirón aseguró que la “Argentina ardió en llamas literalmente”, y detalló que hubo 900.000 hectáreas afectadas a lo largo de 22 provincias y que “más del 90%” de los incendios “se dieron producto del accionar del hombre, intencional o por descuido”. “Es sumamente urgente” una normativa de esta naturaleza, opinó.
Mientras, la oposición rechazó la norma por considerar que “es inconstitucional” y “perjudica a los productores agropecuarios”, que no podrán “disponer de sus tierras” en caso de incendio, sean o no intencionales.