El viejo truco de cobrar lo que no se debe

Una de las clásicas costumbres que han adquirido en nuestro país las empresas prestatarias de servicios públicos en las últimas décadas es la de trasladar al consumidor en sus boletas los impuestos o tasas que deben pagar ellas mismas, con lo que finalmente son los usuarios los que terminan costeando los gastos que las propias firmas deberían abonar.

En la Provincia de Buenos Aires y gracias a una resolución que viene del año 1998, cuando gobernaba Eduardo Duhalde, las compañías que brindan el servicio del gas se encuentran autorizadas a correr a las facturas el pago final en concepto del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La resolución en vigencia es la 658/1998, por la que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) le concedió a la empresa Camuzzi Gas Pampeana la posibilidad de traspasar a los consumidores en suelo bonaerense el pago de Ingresos Brutos, por lo cual la compañía recupera en forma instantánea todos los meses lo que abona por dicho gravamen a la Provincia.

Este cargo fijo que se le cobra a los usuarios, aunque lo debería pagar la prestataria, se encuentra diseminado en cuatro variantes dentro de las boletas. El primero de ellos se identifica como “IIBB Cargo Fijo”, el segundo  es el “IIBB Distribución”, que se traslada al consumidor final, el tercero es el “IIBB Transporte Consumo”, y el último es el “IIBB Transporte del gas” al usuario final.

Por ejemplo, en un cliente residencial categoría R2-1 que tiene un consumo anual de 500 a 650 metros cúbicos, uno de los de menor cuantía dentro del marco tarifario actual, el pago de Ingresos Brutos en los cuatro ítems que tiene la boleta con respecto a dicho tributo, supera los 25 pesos por factura, con lo cual la firma se hace de millonarios dividendos mes a mes.

Antiguo artilugio

Camuzzi Gas Pampeana, la empresa que imparte servicio en la ciudad de La Plata y buena parte del territorio bonaerense, tiene a nivel nacional 1.300.000 clientes y solo en 2016, según el último balance conocido, facturó $3.353 millones, cifra que se podría incrementar a más de $5.000 millones en 2018 debido a los aumentos tarifarios que sufrirá el servicio, que solo en el primer semestre de este año alcanzará un 50%.

Según advierten desde distintos organismos de defensa del consumidor consultados por diario Hoy, la empresa le estaría facturando a sus clientes en el año más de 250 millones de pesos por concepto de Ingresos Brutos. Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC), le dijo a nuestro medio que “si bien esto que hacen las empresas de gas está dentro de la ley, es profundamente inmoral que le cobren a los consumidores lo que deben pagar ellos de sus bolsillos”.

En ese sentido, el referente del organismo afirmó: “Lamentablemente es muy normal y viene de larga data, como sucede en este caso, que empezó con Duhalde en los 90. En distintas reuniones que hemos mantenido con funcionarios provinciales se nos ha dicho que ellos planean retirar esta medida al corto plazo, yendo en sintonía con el planteamiento nacional de reducir el alcance de los Ingresos Brutos”.

“Esperemos que con el tiempo se acabe con esta tendencia creciente de que las empresas que prestan servicios públicos trasladan a los usuarios los impuestos que ellas deberían abonar. No es lógico bajo ningún punto de vista que sean los consumidores quienes paguen los tributos que son propios de las empresas, eso debe cambiar en forma urgente”, recalcó Boada.

Por su parte, Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres, señaló que “está muy mal que en las boletas del gas los contribuyentes de la Provincia paguen Ingresos Brutos, porque lo que tienen que costear las empresas no lo tiene que abonar el contribuyente. Vamos a estudiar la medida y en febrero veremos qué se puede hacer, pero en principio está muy mal que se haga así”.

Para el exdiputado nacional, “esto se transforma en preocupante porque afecta a los que menos tienen, encima el servicio que se presta es de muy mala calidad. 

Esto quiere decir que los sectores más pobres de la Provincia de Buenos Aires, que además no tienen redes de distribución de gas natural, son los que están aún peor, porque para abastecerse de todos estos servicios pagan cada vez más por un servicio cuya prestataria lo lleva adelante en una forma muy deficiente y que deja mucho que desear”.

Números que grafican la situación

20  los años que la resolución 658/1998 lleva vigente en suelo provincial

4 los ítems a pagar por Ingresos Brutos que figuran en las facturas

1.300.000 clientes tiene Camuzzi Gas Pampeana a nivel nacional

$3.353 millones facturó la empresa prestataria en el año 2016

$250 millones al año se recaudaría por Ingresos Brutos en la Provincia

50% de aumento sufrirán las tarifas de gas en el primer semestre de 2018

Impuestos al por mayor

En la boleta de gas que pagan mensualmente los usuarios, no solo el impuesto a los Ingresos Brutos figura entre los diferentes gravámenes a pagar, sino que hay una serie de tributos que engrosan las tarifas.

Entre ellos se encuentran el Fondo Fiduciario Subsidio Consumo R artículo 75 de la Ley 25.565, cuyos montos recaudados se destinan a un fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas, de usuarios de la Patagonia y del departamento Malargüe, en Mendoza.

A esto se le agrega lo que se suele abonar como Impuesto al Valor Agregado sobre el costo del gas, un tributo creado por resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en el año 2012 para la ejecución de obras de infraestructura en las zonas menos desarrolladas, y el costo de gas importado ajustado por consumo, todos ítems que agigantan las boletas que los usuarios pagan todos los meses.

La Plata: un tributo de las empresas que terminan pagando los usuarios

El 26 de septiembre del año pasado, desde las páginas de diario Hoy se daba a conocer cómo a través de la Resolución 4530/2017 formulada en el mes de junio por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), se les permitió a las empresas prestatarias del servicio de gas obtener un recupero de impuestos y tasas abonados, que se trasladan periódicamente a los usuarios en las boletas respectivas.

La nota publicada en este medio generó que los organismos de defensa del consumidor presentaran un pedido de informes en la entidad autárquica solicitando explicaciones de los alcances de la medida, así como también el retiro de la misma por causarle serios inconvenientes al bolsillo de los usuarios del servicio.

En suelo platense es en donde se puede ver con mayor precisión esta situación, ya que la empresa Camuzzi Gas Pampeana les cobra a los ciudadanos en las facturas un apartado denominado “Tasa de Seguridad e Higiene”. Esto habilita que sean los propios consumidores quienes abonen un gasto que debería costear la compañía con sus ganancias.

Con el cobro de este arancel, la Municipalidad de La Plata recibe anualmente cerca de 30 millones de pesos, que es lo que debería pagar la empresa en concepto de dicha tasa a la comuna. Así, son los usuarios de la ciudad quienes se hacen cargo de un tributo que corresponde a la prestataria.

Esta tasa, que en otras regiones adquiere otros nombres como “Tasa por Ocupación del Espacio Público”, “Tasa de Inspección de Obras en la Vía Pública”, “Tasa por Cañería de Alta Presión o Cañería de Baja Presión”, reviste sustancial importancia en la región, porque de esta manera el Municipio que conduce Julio Garro se asegura cobrar un impuesto que quizás no percibiría en su totalidad si dependiera exclusivamente de la buena predisposición de la compañía para hacerse cargo de sus obligaciones.

Para los entes de defensa del consumidor, la situación es inaudita, ya que la empresa le está traspasando al ciudadano lo que debería pagar como parte de su actividad comercial. A esto se le suma el agravante de que la puesta en vigencia de la resolución del Enargas alienta la creación de nuevos tributos en razón de que las distribuidoras no tendrán necesidad de objetarlos administrativa o judicialmente, gracias a que podrán trasladarlos directamente a las facturas de los usuarios.

Información oculta que no se da a conocer

El cobro de impuestos a los usuarios dentro de las boletas es un accionar que suele ocultarse por parte de las empresas. La gran cantidad de gravámenes, tanto nacionales, provinciales como municipales que entra en una factura, es ocultada a los consumidores, desconociendo la mayoría de ellos este accionar.

Ninguno de estos tributos figura en forma explícita en las boletas y resulta imposible de dilucidar para un ama de casa o padre de familia el contenido de una factura si no se sabe de antemano lo que significan cada uno de los ítems marcados en las mismas.

Mauricio Roitman, nuevo titular del Enargas, salió en las últimas semanas en defensa de las empresas prestadoras del servicio al asegurar que las mismas “efectúan un servicio de calidad que llega a los hogares y repercute en un mejor nivel de vida de los argentinos, por lo que no se fijarán nuevas normas en su proceder”.

Al no existir un mapa tributario por parte del Estado y de las empresas, que permita a cada uno de los consumidores acceder y conocer cada uno de los gravámenes que se cobran dentro de las facturas de los servicios públicos, cada jurisdicción instrumenta los mismos de acuerdo a sus necesidades y no previendo con la opinión de los ciudadanos.

Las organizaciones defensoras de los consumidores resisten este accionar, porque entienden que el mismo acelera las faltas de controles a las compañías, por entender que esta “pasividad” por parte de las autoridades hace que se trasladen en forma automática al usuario impuestos que deben pagar las empresas, a la vez que no existe un adecuado control que verifique que el total recaudado por la empresa corresponde al total que tiene que abonar por la tasa.