“Es peligroso acusar de asociación ilícita a un gobierno electo democráticamente”

La defensa pública esgrimida por Cristina Fernández de Kirchner, al habérsele negado la posibilidad de hacerlo ante la Justicia, desnudó a las claras la intrincada trama de negocios con la obra pública que, lejos de estar asociados a su gobierno, demuestran las estrechas vinculaciones con el macrismo de la mano de Javier Iguacel (exdirector de Vialidad Nacional), Nicolás Caputo (el “hermano” de la vida de Macri, que ahora ya no lo es tanto al parecer) y José López (el hombre que “revoleó” los bolsos con 9 millones de dólares al convento) y varios nombres más que puso en relieve la vicepresidenta.

En ese marco, diario Hoy habló con la abogada de Vialidad Nacional y asesora de Obras Públicas de Nación, Julieta Ripoli, quien en principio puso blanco sobre negro sobre la causa denominada de “la Obra Pública” como así también sobre los procesos licitatorios y las supuestas pruebas de la fiscalía que terminan siendo favorables a Cristina Fernández.

“Esta causa tiene tres años. Cuando asume el macrismo e interviene Vialidad Nacional con Javier Iguacel, el primer acto es mandar a hacer una auditoria en la provincia de Santa Cruz, solamente en dicha provincia, con lo cual ya ahí es el primer punto que indica la animosidad que tenía el macrismo, a raíz de esta auditoría donde estuvieron Iguacel acompañado por patrulleros para increpar a los funcionarios para que firmaran actas y suspendieran obras. La empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Baez, nació en 2003 y se terminó en 2016, y tiene que ver justamente con que al asumir el macrismo en Vialidad cancelaron y suspendieron todos los contratos que tenía el organismo con esa empresas, la vaciaron. Eso provocó que la empresa no pudiera pagar sueldos y suceda una huelga de los trabajadores”, comentó.

“Vialidad Nacional es un organismo autárquico, de carácter técnico, y que no forma parte de la estructura central del Poder Ejecutivo. Tiene 89 años de historia y con agentes de carrera. Los cargos políticos autorizados por Ley son solo dos: el administrador general y el subadministrador”, aclaró la letrada, y por lo tanto “no hay una relación de jerarquía estricta con el Ejecutivo. Como organismo autárquico y descentralizado, para actuar, tiene capacidad de dictar sus propias normas y firma las resoluciones con prescindencia de los poderes superiores”.

En torno a los procesos licitatorios y el planteo de “redireccionamiento” del que habla el fiscal Luciani en su acusación contra Fernández de Kirchner, Ripoli explica: “Para que el administrador de Vialidad pueda dictar una resolución como la firma de un convenio para transferir fondos o una licitación, tiene que haber acreditado un montón de instancias administrativas: haber pasado por la gerencia de administración, la gerencia de obras y la gerencia de legales. Una vez finalizados los análisis técnicos, ahí los abogados evaluamos la legalidad y dictamos si esta ok o no el convenio que se quiere realizar. Incluso aún después de esto pasa a la asesoría legal y técnica, que vuelve a efectuar un contralor y después se firma el acto administrativo”.

“Todos los testigos de la acusación declararon en favor de CFK, en el sentido que no hubo sobre precios, no hubo cartelización de la obra pública. Los informes de los técnicos de Vialidad que no pertenecen a ningún partido y fueron citados por la acusación dijeron que no había habido sobreprecios ni cartelización, que era normal que hubiera demoras, que no se realizaran a término, ni tampoco que hubo redimensionamiento de precios. Los 100 testigos citados, que en muchos casos denunciaron haber sido amedrentados, ratifican lo que dice la vicepresidenta”, añadió.

Ripoli explica además que “es normal que las empresas se presenten a las licitaciones donde prestan servicios, por una cuestión básica de costo económico. Una empresa que está en el sur no le conviene licitar una obra que está en el norte, ya que a la hora de ser competitivos tienen menos chance de ganar; no solo por los costos de mover maquinarias, trámites, personal, tienen que ser empresas muy grandes, que tengan presencia en todo el país para que puedan hacer eso”.

“Cristina Fernández de Kirchner, o quien esté en el Ejecutivo nacional, tiene una responsabilidad en términos políticos a la hora de realizar una obra puntual, por ejemplo evaluar prioridades en función de las necesidades de cada provincia, la urgencia de una obra o de otra pero no más que eso. No quiere decir que tenga injerencia a nivel administrativo ni económico”, sentenció.

“La guerra sucia jurídica”

Una de las acusaciones más impropias de la denuncia del fiscal Luciani tiene que ver con la figura de “asociación ilícita”. En ese marco, Ripoli consideró “muy peligroso para la democracia y para el estado de derecho que se empiece desde lo jurídico asociar la figura de asociación ilícita a un gobierno electo democráticamente. Primero porque en materia de derecho penal saben que es restrictivo, es decir, para que se compruebe no se debe romper el principio de inocencia, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario sino volvemos a la Edad Media, al oscurantismo donde se quemaban a las mujeres por brujería”.

“Para garantizar el principio de inocencia debe haber un debido proceso legal que debe ser cumplido, permitir a la acusada defenderse lo cual no sucedió, estaban terminando los alegatos y se introdujeron cuestiones nuevas que no estuvieron presentes en la etapa de instrucción, donde la parte acusadora debe dar derecho a la persona a defenderse”, indicó. La abogada agregó entonces: “Todo esto a nivel técnico forma parte de lo que se llama el lawfare, la guerra sucia jurídica para proscribir a líderes políticos nacionales y populares en toda la región de Latinoamérica”.

“En una gestión democrática tenés un Ejecutivo que conforma una asociación política, si todo es plausible de ser enjuiciado por asociación ilícita, el peligro está ahí. Antes los sectores conservadores de la derecha lograban imponerse impulsando la fuerza, los golpes de Estado y las botas, ahora la forma de realizar golpes es a través de la presión económica, el endeudamiento, el lobby a empresarios y los sectores enquistados en el Poder Judicial. Se persigue y se proscribe a líderes nacionales y populares que ponen en jaque esos intereses a través de sus políticas públicas”, sentenció.