Economistas bonaerenses del Frente de Todos proponen que para enfrentar la crisis el Gobierno nacional priorice la cobertura social por sobre el equilibrio fiscal.
Un grupo de técnicos y dirigentes del peronismo bonaerense destacó que no es aconsejable reducir el déficit fiscal en momentos en que el Estado debe obrar como multiplicador de la inversión y acelerador de la actividad.
Los profesionales de la economía plantean la necesidad de regular con mayor fortaleza el mercado de alimentos para cuidar el poder adquisitivo de la población y consideran que, a nivel mundial, los Estados deberán acentuar su intervención en la economía para impedir que se profundice la crisis de 2020.
Estas disquisiciones fueron publicadas en el tercer Informe de Coyuntura, donde analizan el desempeño de la actividad durante el primer trimestre del año y las perspectivas de cara al proceso electoral, en el marco de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
Complicaciones de la segunda ola
Los autores remarcan que el nuevo aumento de contagios complicó el escenario y el país se encuentra en una situación menos sólida de lo esperado para enfrentar el embate, tanto en el plano sanitario como en el económico, y por ello “el Estado deberá acentuar su intervención en la economía y en la sociedad para impedir que se profundice el daño del año 2020”.
La pesada herencia
La fragilidad de la situación reconoce su origen en “los desmadres del gobierno de Cambiemos y el azote de la pandemia”, lo que arroja como consecuencia “un lustro de catástrofe”. En el ciclo 2015-2019, “se acumularon 105.000 millones de dólares nuevos de incremento de la deuda pública en moneda extranjera, correspondiendo 60.000 millones a créditos contraídos en el mercado internacional y 45.000 proporcionados por el FMI en el lapso 2018-2019”. Además, “la fuga de capitales, que alcanzó en el gobierno macrista los 86.000 millones de dólares, impidió cualquier esquema de ordenamiento macroeconómico”.
A la hora de sopesar las alternativas para dejar ese escenario atrás, los firmantes del documento enfatizan que, contra lo que indica la ortodoxia liberal, “el equilibrio del sector externo es prioritario al del sector público”. Es decir, “una acumulación de divisas relevante en el Banco Central solventa una brecha fiscal por más tiempo” y, en ese sentido, “hubiera sido deseable contemplar dos aspectos necesarios para mejorar las cuentas externas: restablecer el decreto 2.581/1964 que derogó el gobierno de Cambiemos, lo cual hubiera obligado a los exportadores a liquidar en plazos perentorios sus operaciones” y, por otra parte, “facilitar al Estado para administrar la renta extraordinaria, permitiendo que el flujo de dólares hacia el Tesoro fortaleciera en simultáneo las cuentas externas y públicas”.
Lamentablemente, esto no fue contemplado en la ley 27.541 (de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública), sancionada a fines de 2019, que “establece límites concretos a las facultades para administrar el flujo de renta primaria, sobre todo la de origen agropecuario”.
Subir el gasto
Los autores del informe remarcan que “la política seguida por el Gobierno apunta a cerrar la brecha fiscal, manteniendo la tasa real de crecimiento de la recaudación por encima del gasto y disminuyendo paulatinamente el déficit a financiar”. No obstante, “la llegada anticipada de la segunda ola puede frustrar este recorrido, porque nuevamente las exigencias de intervención estatal para amortiguar sus efectos aumentarán”.
Por eso, indican los y las economistas, un crecimiento del 7%, como el que prevé el Ministerio de Economía, “exige la adopción de medidas tendientes a dotar de progresividad al sistema tributario y apuntalar la inversión pública”. En ese sentido, “es desaconsejable reducir el déficit fiscal cuando es el Estado el que debe obrar de multiplicador de la inversión y acelerador del nivel de actividad”. Ocurre que, en el actual escenario, “la prioridad deberá ser asistir a la población y, recién en segundo término, reducir el déficit fiscal”.