Espionaje ilegal en las cárceles: exagentes penitenciarios citados a indagatoria presentaron escritos

Dos exagentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fueron indagados hoy, en el comienzo de una nueva ronda de declaraciones en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri que se tramita en los tribunales de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora.

En los interrogatorios, los ex miembros del SPF Aníbal Meza y Matías Fernández, no declararon ni respondieron preguntas, informaron fuentes judiciales, y señalaron que ambos presentaron escritos.

Los interrogatorios se realizaron a través de la plataforma virtual Zoom, ante el juez federal Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que tienen delegada la investigación.

Las mismas fuentes judiciales informaron que los dos interrogados sostuvieron en los escritos que presentaron que "aquello de lo que se los acusa puede ser enmarcado en la reglamentación que rige para el trabajo de los penitenciarios".

A ambos se los acusa de haber brindado información sobre los presos (ex funcionarios kirchneristas) a Cristian Suriano, jefe del área de inteligencia del SPF, quien luego la compartiría con la AFI.

En el caso de Meza hay chats en los que habla, por ejemplo, de una huelga de hambre de Ricardo Jaime, mientras que por parte de Fernández hay intercambios relacionados a Milani, reportaron las fuentes judiciales y afirmaron que ambos recogían información dentro del penal.

La nueva ronda de indagatorias se dio en el marco del denominado "legajo 9", en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por exmiembros de la AFI junto a exagentes y funcionarios penitenciarios sobre personas privadas de su libertad, entre las que se encontraban exfuncionarios y empresarios.

Para esta tanda están previstas 25 declaraciones indagatorias entre las que sobresalen la de los exjefes de la AFI durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, previstas para el 9 y 10 de diciembre, y la del exjefe del SPF, Emiliano Blanco, convocado para el 30 de noviembre.

Con el avance en esta parte del expediente, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora quedó subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria; el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas; y el espionaje penitenciario.

En esta parte de la investigación, los fiscales se centraron también en el papel que jugó en la estructura ilegal el área de jurídicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el Gobierno de Macri e incorporó a sus funciones habituales el "trabajo operativo" y tareas de escucha y transcripción, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al Poder Judicial, explicaron fuentes con acceso a la causa.

Los imputados "se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje" respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zaninni; el exvicepresidente Amado Boudou; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal, según la acusación.

"También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos", sostuvieron los fiscales cuando solicitaron las indagatorias.

Entre las indagatorias dispuestas se encuentran las de los integrantes del área de jurídicos de la AFI Juan Sebastián Destéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, quien antes de integrar la central de espías había trabajado en el juzgado federal 11 de Comodoro Py que condujo Claudio Bonadio hasta su muerte.

También fueron convocados el procesado exjefe de operaciones especiales de la AFI Alan Ruiz y los espías Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque, entre otros: los dos últimos plantearon la nulidad de sus citaciones bajo el pretexto de haber sido convocados por el solo hecho de reenviar un documento que contenía información sobre personas privadas de su libertad.