Explotó la pelea entre el denunciante y la fiscal en la causa Mariano Bruera

En el marco del juicio oral contra Mariano Bruera y otros exfuncionarios municipales de La Plata en la causa denominada “Coimas en el plan Procrear”, finalmente, y más allá de querer tapar el sol con las manos, se destapó la olla de todo lo que venía adelantando diario Hoy.

Todo comenzó cuando el abogado Marcelo Peña, defensor del empresario Gustavo Orlandi (acusado en la causa de asociación ilícita y ­cohecho), hizo su alegato denunciando que “la causa está direccionada políticamente”, y en otros términos manifestó que es un disparate desde lo jurídico.

Sin embargo, el escándalo se desató cuando el doctor Peña denunció a la fiscal por violar la ley de víctimas. El letrado relató que el denunciante Guillermo Andreau lo llamó para pedirle declarar nuevamente en la causa porque tiene “cosas para decir” y la fiscal Victoria Huergo “no lo atiende”.

“Andreau quiere declarar porque sostiene que los imputados son perejiles, pero la fiscal hace caso omiso al pedido del denunciante”, apuntó Peña.

Pero claro, la historia no terminó allí. Una vez finalizado el alegato del letrado defensor, la fiscal Huergo increpó en público al denunciante y la presidenta del TOC 2, Silvia Hoer, tuvo que desalojar la sala en medio del bochorno, ­invitando a la funcionaria del Ministerio Público a retirarse.

La discusión siguió en los pasillos, y es ahí cuando las cámaras de este multimedio pudieron grabar una parte de la discusión. En las imágenes se puede ver cuando Andreau le reclama a la fiscal que le envió un audio de ocho minutos y Huergo le responde que “no tenía tiempo de escucharlo”; por esa razón, el denunciante quiso contratar a Marcelo Peña para que lo represente.

El abogado le dice entonces a Andreau que no lo puede representar porque atiende a una de las partes acusadas y se lo impide la ley. La discusión subió de tono y de pisos, porque siguió hasta el tercero de la sede penal.

Más allá del escándalo en Tribunales, lo que queda claro es que hasta el propio denunciante Guillermo Andreau, que originó la causa, manifestó que es un mamarracho jurídico y está direccionada políticamente.

Las pruebas que no son pruebas

Cabe recordar que, días atrás, la fiscal presentó una serie de pruebas que no evidencian las acusaciones contra el hermano del exintendente platense. Las supuestas pruebas que se presentaron ante la Justicia fueron audios, una planilla de Excel y testigos, los cuales desvincularon por completo a Mariano Bruera de los delitos que se le atribuyen.

Por otro lado, la instructora de la causa declaró no tener ninguna prueba directa contra los imputados y que su vinculación con los delitos es solo a través de conjeturas. Además, fue ella misma quien reconoció que ninguno de los hechos y expedientes investigados llegó a ser rezonificado.

En las planillas de Excel presentadas por Huergo figuran nombres de exconcejales de todos los partidos políticos, pero no aparecen los nombres de los imputados, desvinculándolos nuevamente de los delitos. Además, las interpretaciones del perito informático Sergio Carriquiriborde fueron duramente cuestionadas por técnicos de las partes, ya que el documento contiene algunas interpretaciones erróneas que, además, exceden las facultades del informe pericial.

Por último, las intervenciones telefónicas presentadas no siguieron debidamente la cadena de custodia y se interpuso un recurso por las sospechas sobre la ilegalidad de algunas de ellas.

Desde la defensa apuntan a la fiscal Huergo por brindar un “concierto de contradicciones” y por buscar “escandalizar” con maniobras realizadas por empleados “infieles” de planta permanente del Municipio de La Plata y relacionarlas con funcionarios y dirigentes que quedan envueltos en delitos que no los involucran. La acusación de “asociación ilícita” de la fiscal se ve opacada por la postura de la propia Huergo, que expone una supuesta “disputa de negocios” entre sus supuestos miembros. Dicha acusación está repleta de conjeturas y no tiene evidencias claras.

La causa 

La causa se inició por la denuncia del abogado y empresario platense Guillermo Andreau en 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del gobierno municipal le pidieron 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan Procrear.

Junto a Mariano Bruera, son juzgados el exsecretario de Gestión Pública Enrique Sette, el ex director general de Planeamiento y Obras Particulares Gustavo Petró y el empresario Gustavo Orlandi, todos acusados de asociación ilícita y cohecho. El otro acusado, el arquitecto Raúl Moratti, falleció en 2018 sin ser juzgado. En esta causa ya fueron condenados en juicio abreviado los exempleados municipales Christian Ybarra y Roberto Moreno.

Cabe mencionar que el empresario Andreau, durante su declaración como testigo, no mencionó nunca a los acusados en el juicio. De hecho, lo más significativo fue que ninguno de los que quisieron “coimearlo” hizo referencia a que trabajaran o le invocaran el nombre de Mariano Bruera.