“Hemos estado a la altura de las circunstancias en momentos difíciles”

Luego de más de dos décadas de trabajo legislativo, primero como concejal en Esteban Echeverría y luego como diputado provincial, Walter Martello fue electo como defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. Un cargo que desempeña hace ya cinco años, y que lo llevó a meterse en todo tipo de temas, entre los cuales figuran, por ejemplo, las problemáticas de la niñez y la adolescencia y las adicciones; encabeza, en el ámbito de la Defensoría, sendos observatorios dedicados a esas temáticas.

Martello aceptó responder un cuestionario escrito en el que diario Hoy lo consultó sobre el rol de la Defensoría y los temas en agenda en la Provincia.

—¿Cuál fue su intervención más efectiva como defensor del Pueblo adjunto? ¿La que tuvo más impacto?

—En lo personal viví como algo trascendente que, a partir de nuestra intervención, pudimos contribuir en la construcción de los consensos necesarios para que se instaure en la Provincia un régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes cuyas madres fueron víctimas de feminicidios.

También logramos que se aprobara la ley que declara de interés provincial el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan dificultades específicas del aprendizaje (por ejemplo, dislexia), así como también la ­formación profesional en su detección temprana, diagnóstico y ­tratamiento, su difusión y el acceso a las prestaciones.

También pusimos en la agenda pública la necesidad de que comience a aplicarse la Ley de Talles. Pedimos enfáticamente que se reglamente y ello finalmente ocurrió el año pasado.

Asimismo, a partir de la creación de un observatorio en el ámbi­to de la Defensoría, logramos in­cluir en la agenda pública distintas cuestiones que atañen a la prevención y tratamiento de adicciones. Hicimos varios relevamientos de campo para obtener datos concretos que sirvan en la elaboración de políticas públicas. Parte de este trabajo se tradujo en la publicación de un libro y en la realización de un documental. Algo similar hicimos con el otro observatorio que está bajo mi órbita y que apunta a la de­fensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

También logramos resolver muchos casos individuales de personas que acudieron a nosotros ante derechos vulnerados.

El balance es muy positivo y considero que hemos estado a la altura de las circunstancias en momentos extremadamente difíciles como fueron los dos años de pandemia. Esto fue valorado en la Legislatura y por eso fui reelecto con el voto unánime de los integrantes de ambas cámaras.

—¿Tomó conciencia, durante su ­trabajo en la Defensoría, de problemáticas que le pasaban desapercibidas antes de llegar al cargo? ­¿Cuáles son?

—Si bien cuando fui diputado trabajé activamente en proyectos ­vinculados con adicciones, a partir de las intervenciones que realizamos desde la Defensoría pude ver que la magnitud de la problemática es mucho más compleja de lo que pensaba. Por eso, además de intentar defender los derechos a la salud de las personas que sufren adicciones, estoy convencido de que ­necesitamos un nuevo paradigma en las políticas de drogas. Es decir, una política de Estado permanente y perdurable.

Asimismo, en lo que hace a los derechos de niñas, niñas y adolescentes, también pude ver la gran distancia que existe entre lo que está contemplado en el marco normativo y lo que sucede en realidad. La Argentina tiene una legislación con los más altos estándares internacionales en la defensa y promoción de esos derechos, pero la realidad es que aún queda mucho por hacer para su efectiva aplicación.

—Las empresas de servicios públicos están al tope de las denuncias recibidas por la Defensoría. ¿A qué se debe esto? ¿Qué medidas se ­pueden tomar para que estas empresas y la ciudadanía tengan una mejor relación?

—Más allá de que seguramente debemos hacer más efectivo el control que tiene que ejercer el Estado, varias de las cuestiones que atañen a la defensa de los derechos de los consumidores podrían resolverse si quienes conducen las empresas privadas de servicios públicos tuviesen otra mentalidad.

Estas compañías deberían entender que una mejor atención al cliente les puede reportar grandes beneficios. Algo similar sucede con las inversiones. Concretamente, las enormes utilidades que obtuvieron las distribuidoras de gas y electricidad, especialmente durante el período 2016-2019, lamentablemente no se tradujeron en mejores servicios. Y ahora se están pagando las consecuencias.

Es muy importante que el usuario reclame, ya que de esta forma el incumplimiento de la empresa no se invisibiliza. Por un lado, en su caso particular, el reclamo abre la posibilidad de una solución. Por otra parte, la acumulación de reclamos negativos contra una empresa obliga al organismo regulador (Enargas, ENRE, ERAS, Enacom) a intervenir y multar a esa compañía.

—¿En qué áreas está trabajando actualmente?

—La agenda es muy amplia porque las problemáticas de la ciudadanía se renuevan día a día. Tenemos ­planificado encarar una serie de campañas de promoción de derechos en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires durante todo el año.

También estamos siguiendo de cerca distintas iniciativas legislativas que, esperamos, puedan convertirse en ley. Por ejemplo, colaboramos en la elaboración de un proyecto que crea un programa de educación en prevención de ­adicciones que atravesará todo el sistema educativo bonaerense, desde el nivel inicial hasta el ­terciario.

Sabemos que va a ser un año de intenso trabajo y nuestro objetivo es cumplir con el mandato que nos impone la Constitución de la ­provincia de Buenos Aires: la defensa de los derechos individuales y colectivos.