Imputaron al secretario de Seguridad de Garro, Daniel Piqué

Es por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso que investiga el fallecimiento de la estudiante de Periodismo, Emilia Uscamayta Curí. Deberá prestar declaración indagatoria el próximo 22 de septiembre

Desde Miami, donde vacaciona desde hace más de una semana, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, Daniel Piqué, pudo demorar las explicaciones que el Concejo Deliberante local le exige con premura, sobre todo desde el todavía no esclarecido Doble Crimen de Gorina, que salpica a distintos funcionarios de la Comuna (ver notas relacionadas). 

Pero ahora, por decisión de la Justicia, se verá obligado a interrumpir su inoportuno viaje de placer en medio de la crisis. Es que el fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI Nº 11 platense, lo imputó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa por el fallecimiento de la estudiante de Periodismo, Emilia Uscamayta Curí, en la fiesta clandestina de Melchor Romero. La cita a la declaración indagatoria es para el próximo 22 de septiembre, a las 10.

En ese encuentro, el secretario municipal deberá dar respuestas por aquel fatídico hecho, ocurrido en los primeros días de la gestión del intendente Julio Garro pero que todavía continúa impune. Tal como ha informado el diario Hoy, entre el 31 de diciembre de 2015 y el 1º de enero de este año, en una quinta de la localidad platense se llevó a cabo un evento privado, sin habilitación y por el que, pese a las reiteradas advertencias de vecinos y hasta de empleados del Muncipio, pasaron unos 6.000 asistentes, derivando en la muerte de la joven Emilia.  

Para el fiscal, hay “semiplena prueba e indicios vehementes” de que la fiesta se realizó gracias al aval de Piqué, quien “ordenó retirar” el personal policial que en la primera madrugada del año se disponía a “evitar la realización” del evento.

En la imputación, además, se destaca el relato de un testigo que ya había sido revelado por Hoy en su edición del 31 de agosto pasado: de allí se desprende que las autoridades municipales estaban al tanto de la organización del evento 48 horas antes del desenlace trágico y que el propio Piqué respondió vía WhatsApp que no podía enviar efectivos de la Policía Local para desalojar la fiesta, ordenando a sus empleados que levantaran “la guardia” y que “debían liberar el lugar”. Todo esto pese a que, siempre según el expediente judicial, horas antes del festejo ilegal Piqué habría manifestado tener conocimiento de su realización, por lo que iba “a ubicar móviles, ya que esa fiesta pinta para descontrol”. Y así ocurrió, con el desenlace por el que hoy se lamentan y reclaman los familiares de Emilia (ver página 4).  

Igualmente grave es la declaración de otro testigo, quien aseguró que antes del evento de Melchor Romero le llegó un mensaje en el que se anunciaba la realización de un festejo de similares características, “liberado por Control Urbano a cambio de 20.000 pesos”.

Por esto, y basándose en los distintos testimonios, la Justicia entendió que “hay motivos suficientes” para sospechar que Piqué es “autor penalmente responsable de los hechos descriptos”.

Cabe recordar que en esta causa, además, pesa un pedido de imputación contra el director de Nocturnidad, Gerardo Gioglio (ver página 4), con el objetivo de que se investigue su responsabilidad al permitir la realización de una fiesta que desde la víspera se anticipaba trágica. 

Suma de irregularidades

La cita de Piqué con la Justicia llega tras varios pedidos del Concejo Deliberante para que el funcionario aclare, además de su responsabilidad en el caso Emilia, los homicidios del médico cirujano plástico Guillermo Luna y su esposa, Laura Favre; para que informe sobre el presunto cobro de coimas de la Policía Local, a su cargo; al tiempo que se le pide un “plan de gestión” ante la creciente inseguridad. 

Además, según pudo saber Hoy, el secretario municipal está sospechado por haber intentado pagar sobreprecios en la compra de patrulleros, motos policiales y cámaras de seguridad.

Por esta suma de irregularidades, el concejal del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Seguridad del HCD, Javier García, lo citó al recinto.

En tanto que, tras la citación judicial, desde el bloque del FpV-PJ presentaron un proyecto de decreto para que el imputado acuda al recinto.

Piqué, que hasta ahora ha podido eludir la cita con los ediles, no podrá hacerlo con la Justicia, que, según establece el artículo 150 del Código Penal, podrá ordenar su comparecencia por la fuerza pública.

Una muerte evitable

La imputación contra Daniel Piqué comienza a desnudar la responsabilidad política de lo ocurrido en la madrugada del 1° de enero en la quinta de Melchor Romero, donde tuvo lugar la fiesta denominada “La frontera” y cuyo eslogan premonitorio fue “El límite lo ponés vos”. 

Sin ambulancias, personal de salud, guardavidas o agentes de seguridad, pese a las reiteradas denuncias de vecinos al 911 y al 0800-Municipal, el evento se desarrolló peligrosamente alrededor de una piscina profunda. Comenzó a las 2 y estaba previsto que durara hasta las 16, pero a Emilia Uscamayta Curí la sacaron de la pileta casi sin pulso alrededor de las 9.30 y falleció antes de llegar al hospital de Melchor Romero.

Esa muerte, tal como sostiene la querella, pudo haberse evitado si solo hubieran atendido las advertencias ciudadanas. Y si Piqué, como sostiene cada uno de los testimonios que engrosan el expediente judicial, no hubiera ordenado levantar “la guardia” y “liberar el lugar”.

El funcionario ya había reconocido su negligencia

Tal como había anticipado Hoy y como se ratifica en la imputación de ayer, el secretario de Seguridad comunal, Daniel Piqué, reconoció en un informe ante la Justicia (en enero último) que los efectivos de Control Urbano se retiraron de las inmediaciones de la fiesta clandestina poco antes de las 23.

En la fiesta en cuestión, la seguridad de la Policía Local “mantuvo coordinación con Control Urbano y la Comisaría de La Plata, lo que se dio entre las 16 y las 21 aproximadamente. La inspección de las 4.14 no fue requerida o no se coordinó, en ese momento, la presencia policial”, señaló el informe elaborado por el propio Piqué.