El documento cuestiona el fallo favorable del máximo tribunal al reclamo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre las clases presenciales.
27/05/2021 - 00:00hs
El pedido de juicio político contra cuatro integrantes de la Corte Suprema, impulsado por un grupo de juristas encabezado por los exmagistrados Raúl Zaffaroni y Lucila Larrandart y el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, ingresó ayer por Mesa de Entradas a la Cámara de Diputados.
El documento, de ocho páginas, cuestiona el fallo del alto tribunal ante el reclamo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por las clases presenciales en la Capital Federal.
Según la denuncia, la Corte se extralimitó al fallar como lo hizo, prescindiendo además de la opinión consultiva de expertos sanitaristas, epidemiólogos, o incluso del propio Cuerpo Médico Forense, que depende de la cabeza del Poder Judicial.
“Lo único que los jueces deben controlar es que la medida adoptada por el Ejecutivo nacional no sea irracional, o sea, que resulte conducente al objetivo propuesto conforme al saber técnico disponible”, sostiene el escrito.
La Cámara de Diputados actúa como instancia acusadora y, en caso de aprobarlo por una mayoría calificada de dos tercios de sus integrantes, lo envía al Senado.
Para resolver la destitución de un magistrado también necesita de los dos tercios de los legisladores.
“Cualquier funcionario público que tomase una decisión en la emergencia, sin conocimientos científicos propios por su especialidad o, en caso contrario, sin la debida asistencia de peritos, cuando los tuviese disponibles en nivel técnico y en cantidad, es obvio que incurriría en una imprudencia gravísima”, advierten en la denuncia.
Los jueces para los cuales el documento reclama la remoción son Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
La causal de remoción, según el escrito, es la de “mal desempeño de sus cargos y su posible participación en los delitos de homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato”.