La AFI macrista también espiaba a la sociedad civil

La semana pasada se dio a conocer quiénes fueron los periodistas espiados por la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Dentro de las listas también se encontraron sobres con información de personas de la sociedad civil que forman parte de distintas organizaciones y que participaron tanto de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2017 como de distintas actividades que se realizaron en el marco del G20 en 2018.

Ambos encuentros tuvieron lugar en Buenos Aires y tanto el expresidente Mauricio Macri como su gabinete se vanagloriaban de que con estos eventos Argentina había vuelto al mundo.
Diario Hoy se comunicó con tres fundaciones que forman parte de la lista y habló con quienes fueron espiados.

Fundación GEP

Lorena Di Giano es directora ejecutiva de fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) y ya había pedido un Habeas Data representado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) cuando el gobierno anterior le revocó la acreditación para participar de la reunión de la OMC en 2017. No tuvo respuesta. Pudo saber más luego de que se diera a conocer la lista de espiados la semana pasada.

“Cuando tuve acceso a la información almacenada como producto del espionaje, repercutió muy mal en mi ánimo. No solamente por ver información personalísima mía y de todo tipo, sino también por ver información de mis familiares: nombres, domicilios, correos electrónicos, teléfonos de mis padres, de mis tíos, de mis hermanos y de mi marido. Eso me hizo muy mal”, le aseguró Di Giano a diario Hoy.

José María Di Bello es presidente de la fundación GEP y cuenta que la ficha de la AFI que el gobierno de Macri hizo sobre él es similar a las fichas que hicieron de muchísimas personas. “Hace dos años y medio atrás, algunos de nosotros comenzamos una acción de Habeas Data; ahora, aparecen las fichas” dijo Di Bello. “Por un lado, es un alivio. Pero, por otro, saber que estamos fichados, que fuimos espiados es aterrador”, añadió.

“En mi ficha dice, entre otras cosas, que soy militante de Derechos Humanos y que participé en marchas por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Como nos enseñaron las Madres: memoria, verdad y justicia”, cerró Di Bello.

Fundación Vía Libre

Beatriz Busaniche, Carolina Martínez Elebi y Enrique Alberto Chaparro pertenecen a la fundación Vía Libre y hace años denuncian que los servicios de inteligencia se usan de una manera espuria, de una forma que no está contemplada en la ley, y que los mecanismos de control del sistema de inteligencia no funcionan.

“La sensación, al ver las fichas y demás, fue, en primer lugar, que no me sorprendió porque además sabíamos que habían hecho inteligencia ilegal sobre los participantes de la reunión ministerial de la OMC en 2017”, le contó Beatriz Busaniche a este diario.

Agregó que no solo conocían eso, sino que sabían que, “en base a ese fichaje que hicieron de las personas, excluyeron a muchas de la conferencia, deportaron gente y pusieron una lista de personas que no iban a dejar pasar en migraciones cuando llegaran al país”.

“La impresión ahora, frente a haber encontrado esta documentación, y haberla visto efectivamente, es que finalmente encontramos las pruebas de algo que veníamos denunciando”, explicó Busaniche. Y añadió que siempre que pedían información sobre los datos, desde la AFI les cerraban las puertas diciendo que trabajaban bajo secreto. “No tenemos acceso a eso, esto no es un caso, contestaban”.

“He visto fichas, de las que pudimos ver, donde se habla de investigadores, de académicos y de personas integrantes de la sociedad civil como peligro para el sistema democrático y cosas por el estilo que son realmente inadmisibles en un estado de derecho. A los periodistas los calificaban en función de si eran más cercanos o más lejanos a las posiciones del gobierno, si estaban militando en alguna causa como puede ser la de NiUnaMenos o la causa feminista”.

“A mí me marcaron, mejor dicho, resaltaron mi posición contraria al oficialismo en materia de reforma electoral (NdR: como el voto electrónico, por ejemplo)”, indicó
Busaniche.

En tanto, concluyó con un deseo: “Me parece que ya es la hora de decir nunca más a los sótanos y a las cloacas de la democracia”.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) fue otro blanco de la investigación ilegal. María Pía Marchegiani, María Marta Di Paola y Enrique Gabriel Maurtua Konstantinidis fueron los apuntados en la lista que apareció de la AFI.

Si bien por fuentes cercanas a uno de ellos se pudo saber que prefieren no hablar por miedo, Hoy dialogó con el presidente de FARN, Andrés Nápoli, quien afirmó que van a seguir la cuestión por la vía judicial y habló sobre el análisis que hicieron desde la fundación y la preocupación que generan esos mecanismos.

“Creemos que el origen de que ellos formaran parte de una ficha de espionaje es por haberse inscripto en los engagements groups, es decir, los grupos de compromiso que van en torno al G20 y la OMC. Son grupos institucionalizados, para los cuales hay un reglamento de inscripción a nivel mundial, porque eso va girando alrededor de distintos países”.

“Ellos tres se inscribieron en distintos grupos y en ningún momento nadie les informó que eso iba a estar sujeto a una tarea de revisión o de espionaje de cada uno de ellos sino que, simplemente, los organismos lo que hacen, cuando los acreditan, es revisar cuestiones. Entonces ahí tenemos una primera falencia, que es no avisar que evidentemente el organismo de la inteligencia argentina los iba a estar investigando”, destacó Nápoli.

“A nosotros nos preocupa muchísimo que no se ha trazado una raya. Estos temas pueden llegar a ser habituales, y no creo que sean muy legales en la política, pero ahora ya se pasaron para el lado de la ciudadanía. Cuando eso sucede, nosotros como organización no estamos dispuestos a naturalizar una cosa así”, finalizó el presidente de FARN.