La asistencia por la sequía llegó a más de 16.700 productores

El titular del área de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, sostuvo que el Gobierno nacional asistió a 16.700 productores con 24.000 millones de pesos para paliar los efectos de la histórica sequía del último año.

Según precisó, las pérdidas de ingresos por la caída productiva debido a este fenómeno rondan los 24.000 millones de dólares.

“Desde hace un año a la fecha, con diferentes programas, hemos llegado directamente a la cuenta corriente de más de 16.700 productores con 24.000 millones de dólares”, expresó el funcionario al realizar un repaso de las políticas implementadas para el agro. “A eso hay que sumarle los beneficios de la ley de Emergencia Agropecuaria, las transferencias a las provincias y asistencias a las cooperativas, entre otras medidas”, añadió.

“Nadie puede negar que acá no hay un Estado que se haga cargo y que no esté cercano a las problemáticas de la gente”, enfatizó.

Por otro lado, destacó el diálogo que tienen con el sector primario, lo cual permi­tió elaborar políticas concretas que logren asistirlo en uno de sus peores momentos.

En este sentido, el funcionario comparó la situación económica que le tocó vivir al gobierno del expresidente Mauricio Macri: “En 2018, Macri, por menos de la mitad de esta sequía, se endeudó con el FMI por 50.000 millones de dólares. Nosotros tuvimos una sequía que fue del doble de magnitud, con una pérdida de ingresos de 24.000 millones de dólares”, contó.

Cabe destacar que, además, el Go­bierno implementa la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, que está integrada por especialistas de instituciones nacionales que aportan productos y herramientas para el seguimiento de las condiciones meteorológicas y agronómicas vinculadas a ese fenómeno en Argentina.

Esta iniciativa se enmarca en la ley de Emergencia Agropecuaria, que tiene el objetivo de “prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales”, según dicta el texto de la norma.