La CIDH exige investigar a las fuerzas de seguridad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la represión acontecida durante la marcha del miércoles 12 de marzo. En un comunicado, pidió investigar a las fuerzas de seguridad, y respaldó a la jueza porteña Karina Andrade.

“El Estado de Argentina debe garantizar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, y utilizar los protocolos con enfoque de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza en manifestaciones, conforme a los estándares interamericanos”, advirtió la CIDH.

En ese sentido, la Comisión ahondó: “La protesta social es un componente esencial en el funcionamiento de las sociedades democráticas. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica permite a las personas manifestar sus demandas, opiniones y disensos”.

Por otro lado, el organismo enfatizó que “el Estado tiene la obligación de garantizar que las y los periodistas puedan ejercer su trabajo de documentación e información durante protestas sin ser objeto de violencia, agresiones ni obstrucciones, ya que su función es esencial para informar a la sociedad y garantizar el escrutinio público de la actuación policial”. En este sentido, además del fotógrafo Pablo Grillo, denunció más casos donde “profesionales fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en su labor informativa”.

Finalmente, afirmó que el Estado argentino debe “investigar de manera pronta, imparcial y con la debida diligencia los posibles excesos en el uso de la fuerza, y a sancionar a quienes resulten responsables”.

La defensa a la jueza Andrade

En otra parte del comunicado, la CIDH repudió la denuncia penal del Ministerio de Seguridad a la jueza Karina Andrade, quien ordenó las liberaciones de 114 detenidos al afirmar que las detenciones se realizaron de manera irregular y arbitraria.

Al respecto, la Comisión recordó que “el Estado debe garantizar el ejercicio independiente del sistema judicial, que puede ser inhibido por la presentación de denuncias penales por decisiones emitidas en el cumplimiento de sus mandatos”.

A su vez, señaló que “la participación de algunas personas en actos de violencia no puede justificar la deslegitimación de toda la protesta ni la restricción de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente”.