La Corte de Horacio Rodríguez Larreta, a veces llamada Tribunal Superior de Justicia

Si todo el debate de la semana pasada en torno a la Corte Suprema generó desconfianza y descreimiento sobre el aparato judicial, no debería desconocerse tampoco la situación en la Ciudad de Buenos Aires.

La Corte de Horacio Rodríguez Larreta, a veces llamada Tribunal Superior de Justicia (TSJ), no se diferencia mucho de otros sectores del Poder Judicial. La última jugada fue frenar en el momento justo una causa de presunto espionaje por parte del gobierno de Larreta a través de las cámaras de la Ciudad y del programa de reconocimiento facial.

En un solo movimiento, los jueces que pusieron Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri sacaron al magistrado que el jefe de Gobierno porteño no quería frente a la causa y eliminaron todos sus efectos. Esa fue la última maniobra de una larga cadena, que incluye fallos que contradicen abiertamente la letra de la Constitución. De la misma manera, intentan involucrarse en causas que complican a Macri, como la del Correo.

Hace tiempo que los acontecimientos demuestran que la colonización del Poder Judicial está en el ADN del PRO. No es algo nuevo, pero comenzó a notarse más y tuvo un crecimiento exponencial cuando Larreta consiguió nombrar a dos jueces del Tribunal Superior. Desde entonces, los fallos han sido cada vez más escandalosos.

En el último, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires apartó al juez Andrés Gallardo de la causa en la que se investiga el sistema de reconocimiento facial que dependía de la Policía de la Ciudad y del cual ordenó su suspensión cuando no estaba vigente.

Además, se revocó su fallo, completando el trabajo que había empezado el gobierno de Larreta de correr al juez de la causa, para que nunca se sepa por qué se habían ingresado perfiles de dirigentes políticos de primera línea, empresarios, sindicalistas y de una gran cantidad de personas comunes en un sistema que debería solo buscar a unos pocos prófugos.

Casualmente, el fallo llegó justo cuando una pericia de la Policía de Seguridad ­Aeroportuaria le había dejado en claro al juez Gallardo que había al menos 8.000 registros que no tenían nada que hacer en un sistema, se supone, creado para buscar prófugos. Esa pericia también había planteado que se habían estado tocando los datos del sistema, quizás para borrar evidencias de mayores delitos.

Todo eso fue tapado gracias al fallo del Tribunal, donde los principales argumentos en contra los presentaron los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, que “de casualidad” son los dos que nombró Larreta. El último llegó casi directo del gabinete de Mauricio Macri cuando era presidente. La primera fue una de las autoridades de la escuela de la Policía de la Ciudad, la misma que estaba bajo la lupa con esa investigación.

El tercer voto lo aportó Inés Weinberg de Roca, la jueza designada por Macri, a la que él quería como jefa de los fiscales a nivel nacional. Los otros dos magistrados votaron en contra.

Queda a las claras que la mayoría está constituida por jueces que no solo llegaron en tiempos de Macri o Larreta, sino que actúan como verdaderas extensiones del Poder Ejecutivo porteño.

No es la primera vez que lo hacen, ya que anteriormente tuvieron un pedido de juicio político (bloqueado por la mayoría larretista en la Legislatura) cuando aseguraron que los niños y las niñas menores de cuatro años no tenían derecho a la educación pública, sobre todo si se pueden pagar un jardín privado. Esto fue abiertamente contra la letra de la Constitución porteña que dice que el Estado tiene la obligación de brindar educación “desde los 45 días”.

También hicieron un intento de meterse en la causa por la deuda del Grupo Macri con el Correo para fallar a favor del expresidente. El problema es que esa causa se tramita en la Justicia nacional. Aun así, estos jueces se quisieron filtrar en la causa. Luego Larreta sacó una ley para intentar convalidar futuras intromisiones de su Corte.

Tiempo antes, sacaron otro fallo polémico que permitía a la Policía de la Ciudad detener personas por portación de rostro. Sin embargo, no son las únicas movidas que se ven en el Poder Judicial.

La jefatura de los asesores tutelares está en manos de la exministra de Desarrollo Social de Macri, Carolina Stanley. Hace poco sacó una resolución por la que crea una unidad especial para demandas colectivas, la cual tendrá “competencia exclusiva” para ocuparse de este tipo de acciones, donde están afectados los derechos de un grupo grande de niños y niñas.

Un grupo de asesores tutelares reclamó que se diera marcha atrás con la medida, ya que les impide iniciar causas colectivas de oficio cuando estén afectados los derechos de niños, niñas o adolescentes.

Pero Stanley nombró por un año como coordinador de esta Unidad de Procesos Colectivos a Damián Natalio Corti, un asesor tutelar y exfiscal que tiene ya su historia en esta materia de absorber litigios problemáticos para la gestión PRO.

Cuatro jueces y tres defensores oficiales denunciaron en 2020 que a través de un mecanismo irregular (un acuerdo entre Corti y el procurador porteño Gabriel Astarloa) se absorbían todas las causas vinculadas a la pandemia que apuntaran a los ministerios de Educación, Salud o Desarrollo Humano porteños en un único juzgado y en una “mesa intersectorial” que integraba Corti.

El coordinador intentó cerrar una causa en la que se planteaba que el gobierno porteño debía dar internet y herramientas para educación a distancia a niños y niñas de las villas. En ese caso, quedó asentado el giro que dio en un fallo del juez Andrés Gallardo: Corti fue quien inició la causa, pero cuando se enteró de que el magistrado sorteado era este, solicitó la suspensión del proceso. Luego dijo que había llegado a un acuerdo con el gobierno porteño y que pedía que se cerrara la causa.

La medida de Stanley para frenar procesos colectivos llegó después de que varios amparos impactaran en el gobierno porteño, como el que obligó a Soledad Acuña a poner micros para personas con discapacidad.

Así es como, tanto desde la Corte Suprema como desde el TSJ, se gestiona el entramado político y persecutorio que protege a los aliados del PRO, armando, desarmando y estancando otras causas con el fin de tapar el verdadero accionar judicial.