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El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Ejecutivo y dejó firme la orden de aplicar la norma.
26/06/2026 - 00:00hs
La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves dejar firme la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. El fallo lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El máximo tribunal rechazó el recurso del Ejecutivo por falta de sentencia definitiva, lo que mantiene vigente la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles. Cabe recordar que, a principio de mes, el ministerio que conduce Sandra Pettovello había firmado un acuerdo con las universidades para resolver la disputa, tras reclamos, marchas y paros que marcaron la agenda educativa en los últimos años.
El alcance del fallo
El caso se originó en una acción de amparo colectivo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales. La justicia contencioso administrativa federal había ordenado, antes de resolver el fondo de la cuestión, que el Gobierno cumpliera de inmediato con parte de la ley. Esa orden alcanzó a los artículos 5 y 6, referidos a la actualización de salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 y a la recomposición de programas estudiantiles.
La Corte ratificó esa medida, consolidando la vigencia de la norma y dejando sin efecto la estrategia oficial de dilatar su aplicación. Antes de este fallo, el Ejecutivo había vetado la ley, el Congreso insistió en su sanción y, una vez promulgada, el Gobierno subordinó su cumplimiento a la definición de fuentes de financiamiento. El rechazo del recurso presentado por el Estado confirma que la norma debe aplicarse en los términos aprobados por el Parlamento.
Un límite al Ejecutivo
La decisión del máximo tribunal obliga al Gobierno a reconocer la vigencia plena de la ley y a cumplir con los compromisos salariales y académicos que había intentado condicionar. La resolución no solo consolida derechos, sino que también marca un límite institucional al avance del Ejecutivo sobre el Congreso.
El desenlace representa un revés político para el Gobierno, que queda condicionado por la Justicia y sin margen para desconocer una norma que había intentado neutralizar.